A finales del 2003 Nicaragua aprobó la Ley de Participación Ciudadana. Introducida por un grupo promotor de la sociedad civil, se pretendía que la Ley reconociera una amplia variedad de experiencias participativas de expresión municipal. Estas prácticas por lo general ocurrían desvinculadas de otras en el ámbito nacional, donde la participación era más irregular y por lo general condicionada por la veleidad de los funcionarios públicos.Entre los retos más importantes que tenía esta Ley estaba su impacto en la democratización de la administración pública central. En un Estado tradicionalmente unitario y en proceso de descentralización, la participación ciudadana era vista por el gobierno central como una cesión de poder en los niveles locales. Por ello no era extraño que a mayor nivel administrativo el Estado era menos participativo. Paradójicamente recién se habían restaurado los consejos consultivos sectoriales y se había constituido el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, la máxima instancia participativa.Aunque todavía es muy temprano para evaluar su impacto en el ámbito nacional, saltan algunas preguntas. ¿Su aplicación ha logrado avances atribuibles en la democratización de la toma decisiones públicas? ¿Puede esperarse que la participación ciudadana avance en condiciones de crisis institucional permanente que vive Nicaragua o cabe esperar que la participación contribuya a su solución? ¿Tras los primeros años de vigencia, cuáles son los obstáculos que enfrenta?

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