El debate sobre la reconformación del nivel intermedio de gobierno ha ido cobrando importancia en los últimos años en Ecuador. El país está dividido política y administrativamente en parroquias, cantones y provincias. En estas últimas es donde debe radicarse y reconformarse el nivel intermedio de gobierno.Actualmente, en las provincias concurren, de manera incoherente e inconexa, las entidades dependientes del gobierno central y los consejos provinciales como gobiernos seccionales autónomos.Constitucionalmente, los consejos provinciales y su prefecto provincial representan a la provincia y están a cargo de la prestación de servicios públicos exclusivamente en el sector rural. Por otro lado, la organización y funcionamiento de los consejos provinciales están normados por su propia ley.Las definiciones constitucionales y legales para los consejos provinciales no conforman el "gobierno provincial" como tal. Su capacidad gubernamental está menoscabada por un permanente conflicto de competencias y una clara desventaja financiera.Estos problemas están agravados por una vaga definición de roles y funciones que existe entre las entidades públicas descentralizadas, desconcentradas o autónomas que intervienen en el ámbito provincial.Todos estos, y otros, factores han disminuido la institucionalidad de los consejos provinciales y han enturbiado el accionar público en este nivel de administración estatal.Debido a la inestabilidad política y la falta de respuesta del gobierno nacional a las necesidades ciudadanas, una parte del debate sobre la modernización y descentralización ha confluido en la necesidad de reestructurar el Estado en torno a una nueva forma de organización y administración provincial.Las propuestas sobre la organización del gobierno provincial provienen de diferentes vertientes desde una fuerte desconcentración hacia el nivel provincial a través de entidades dependientes del gobierno central hasta el desarrollo de un modelo de organización regional similar al modelo autonómico español.No obstante la pasión con que se adelantan las propuestas, éstas no llegan a tocar los elementos esenciales implicados en una reforma estructural del Estado.Es así, que la discusión se concentra en la forma de las autoridades, su elección, los órganos de gobierno y, aunque más sentimental que técnicamente, la administración de los fondos estatales.El debate debe materializarse en reformas constitucionales, legales y administrativas que tienen que operar en todos los niveles estatales.Además de los puntos tangencialmente abordados en el debate, el punto más crítico está en definir las relaciones intergubernamentales y los instrumentos que expresan la política y las decisiones sobre la organización territorial del Estado.Al concretar estos temas se puede avanzar en la construcción de un gobierno provincial real que facilite el desarrollo del país.

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