El propósito de esta ponencia es analizar la propuesta modernizadora para la administración pública del gobierno del presidente Vicente Fox y tratar de entender si los dos programas que dentro de ella destacan pueden ofrecer salidas para los graves problemas que aquejan a la administración pública mexicana, cuyo desempeño, además, no está siendo valorado de manera positiva por la sociedad. Una vez superado el tiempo de ajuste que significó la llega al poder de un gobierno de signo político distinto al que había gobernado por un lapso de tiempo largo de casi setenta años, se va integrando una propuesta para modernizar la administración pública que aparentemente tendría dos centros desde los cuales se pondría en operación. La Oficina de Innovación Gubernamental que dependería directamente del presidente y a cuya cabeza estaría uno de sus hombres más cercanos del presidente. Y la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), hoy de la Función Pública (SFP). La modernización administrativa fue una de las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), pero hay que decir que este propósito quedó siempre relegado a un segundo plano frente a la tarea esencial de contraloría. Quizá esto explique que la nueva Secretaría de la Función Pública no se sintiera amenazada de cara a la aparición de la Oficina de Innovación Gubernamental; en la práctica, de acuerdo con la opinión de funcionarios del gobierno, estas dos agencias han logrado trabajar de manera coordinada. La propuesta modernizadora del gobierno de Vicente Fox se desarrolla fundamentalmente en dos grandes programas que serán objeto de análisis en el trabajo y que de hecho responden a presupuestos llamémosle teóricos muy distintos. Por una lado, la Oficina de Innovación Gubernamental es responsable de uno de ellos, la llamada Agenda de Buen Gobierno que claramente está definida por principios gerenciales y que se monta en las ideas de la Nueva Administración o Gerencia Pública (NAP-NGP), considerando a la administración pública un terreno propicio para la competencia y la búsqueda de efectividad y eficiencia, sin detenerse a tomar en cuenta necesariamente impactos de orden social. Por el otro, al tercer año de gobierno el presidente emite un acuerdo mediante el cual propone al Congreso, quién la aprueba, la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Este proyecto introduce elementos gerenciales, pero también responde a los principios de la administración tradicional, al intentar contar con un mecanismo que favorezca el desempeño eficiente de los funcionarios, pero sobre todo la neutralidad política. La responsabilidad de hacer operativa la ley incluyendo la emisión de su reglamento (abril 2004) recayó como se señaló de manera fundamental en la Secretaría de la Función Pública, que de hecho asume ese nuevo nombre como resultado de la aparición de la ley.Se revisan y analizan los dos programas tratando de evaluar su pertinencia desde el punto de vista conceptual, e intentando formular apreciaciones críticas que permitan entender también su pertinencia desde el punto de vista de su impacto social y su contribución a la solución de problemas.

Español