Trascendiendo la lógica mercantil que considera a la regulación como un estímulo y complemento de la empresa privada para la generación de un ambiente que incentive la inversión, nuestro enfoque define a la regulación como un mecanismo de control de las actividades de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos, teniendo en cuenta la alta capacidad de éstas para influenciar las decisiones regulatorias a favor de sus intereses a partir de la disparidad de recursos que poseen en relación con los usuarios. En este sentido, la capacidad estatal para la gestión de la regulación no depende exclusivamente del desarrollo organizacional de las agencias reguladoras, sino también resulta imprescindible ver la relación que las agencias mantienen con otros actores estatales y sociales involucrados en el proceso de regulación, así como también el entramado de reglas de juego que constituyen el marco de restricciones e incentivos de las agencias y de los demás actores involucrados en el proceso.

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