El presente documento aborda el tema de las relaciones entre las ramas Legislativa y Ejecutiva del poder Público y particularmente los ámbitos específicos de competencia en materia de reestructuración de la Administración donde se evidencia que parte de las dificultades en la implementación de reformas en este campo en Colombia proviene precisamente de la falta de claridad sobre los límites competenciales entre una y otra rama y el aparente conflicto entre el principio democrático defendido por el Congreso y los principios de eficiencia y flexibilidad defendidos por el ejecutivo. Podría decirse que en el trasfondo de esta discusión que privilegia a una u otra rama del poder público en materia de la determinación de fronteras de las funciones para establecer o reestructurar la Administración Pública, se encuentra la particular concepción o aplicación del principio de separación de ramas del Poder Público o de su desmitificación, así como del principio de colaboración armónica entre ellas, y por supuesto la vieja discusión sobre el papel de la Ley en un Estado democrático de Derecho, y su actual crisis a raíz de los requerimientos de las sociedades que exigen soluciones inmediatas, acordes con el frenético transcurrir de la vida en estos tiempos modernos. Cabe aclarar que en este documento sólo se hace un estudio del ámbito de las facultades entre el Congreso y el Presidente de la República en lo que atañe exclusivamente a la administración pública del orden nacional, y no entre el legislador y las entidades territoriales respecto de la definición de la estructura administrativa de los departamentos, distritos y municipios, ámbito este en el que también se encuentra presente la dificultad para coordinar las funciones de una y otra rama del poder público, y nos referimos particularmente a lo que viene sucediendo respecto de los procesos de descentralización administrativa de algunos servicios, y específicamente en el sector de la educación, al punto que consideramos que en ese plano el debate consiste en si el Congreso está desconociendo la autonomía territorial que en nuestro sistema jurídico se ha reconocido expresamente a los departamentos, distritos y municipios para determinar su propia estructura administrativa

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