En el ámbito venezolano la concepción tradicional del Estado y sus funciones de gobierno poseen un modo peculiar de concebir el municipio. Éste se organiza por la delimitación geográfica, el número de personas que en él conviven, los recursos que posean y la dotación de servicios que en él se encuentran. Esta concepción moderna del municipio se estructura sobre la base de coordenadas físicas, la existencia de "usuarios" y el suministro de servicios públicos; donde su función se concreta en la supervisión de la vida ciudadana y la ejecución de obras.En un contexto de economía de recursos y mayores demandas es evidente la cada vez más precaria posibilidad de satisfacer esas demandas, de manera que por muchos años se ha ido acumulando un contingente de personas "excluidas" de la atención gubernamental y desplazadas en sus decisiones de vida por lo que fungieron como sus específicos representantes en la democracia representativa que caracterizó al Estado venezolano. Aun cuando para la década de los 80 se comenzó a pensar e implementar medidas para la descentralización del Estado, el deterioro de esta situación se fue agravando. Lo que fue característico de América Latina, para la época, se dio en Venezuela; ello abonó el terreno para pensar en la privatización de muchos servicios básicos, y la liberalización de la economía aumentó la brecha entre el grupo que podía acceder a los servicios y aquellos otros cada vez más excluidos de ellos. La ruptura que se establece en el marco legal de la nueva República presenta nuevos retos y desafíos para repensar el municipio más allá de los parámetros físicos y la razón entre número de usuarios y provisión de servicios.Este articulo propone superar esta visión a partir del análisis del marco jurídico legal que se establece en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, normas y reglamentos que le dan cuerpo en el contexto de la democracia participativa y protagónica y avizorar su impacto en la administración pública, de manera de precisar el referente epistemológico de base que permita la propuesta de una nueva visión instrumentada a través de las redes de participación ciudadana en el nuevo contrato social del Estado y la ética cívica que ello demanda.El abordaje metodológico se fundamenta a partir de la comprensión y la reinterpretación constructiva de las redes de participación ciudadana, en un movimiento que toma lugar en un proceso de intercambio entre observaciones, interpretaciones tentativas, expectativas y verificaciones de datos nuevos y evaluaciones, que dan acceso a nuevas interpretaciones que comprenden más aspectos. Es un proceso de construcción de significados a través de un proceder dialéctico-inductivo-deductivo-interpretativo de modo recurrente, que aporta una nueva lectura del municipio desde una reinterpretación crítica de las nuevas exigencias que posee en el ámbito de la democracia participativa y protagónica.La tesis que sostenemos en este informe considera el municipio como un espacio en permanente construcción y deconstrucción de las prácticas sociales de las organizaciones comunitarias en su interacción y retrointeracción con el gobierno local, lo cual habilita una nueva comprensión de la gerencia pública local, enfocada en primera instancia hacia una nueva gobernabilidad a partir de las redes de participación ciudadana como vía de relación entre el ciudadano, el Estado y el municipio, el ejercicio de una ética cívica y una gestión descentralizada y desconcentrada.

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