El acceso de los ciudadanos a la información en el ámbito del poder judicial a través de internet, en América Latina y el Caribe, ha adquirido relevancia a raíz de la difusión masiva de los datos sobre la administración de justicia. La creación de los sitios oficiales de los poderes judiciales abre la posibilidad a los ciudadanos de tomar conocimiento de actos vinculados con la actividad judicial, tanto en el área jurisdiccional, como administrativa.Las distintas categorías de información que se proporcionan en los mismos se refieren tanto a los datos estadísticos de la actividad judicial, como a la publicación de las decisiones judiciales y aquella vinculada a la orientación y consulta al ciudadano.El acceso a la información sobre el desempeño judicial (informe anual, memoria, indicadores, informes especiales, e incluso índices de productividad) provee una herramienta para la fiscalización ciudadana. Al respecto, debe existir un procesamiento y exposición adecuados de la información estadística.La publicación de las decisiones judiciales en los sitios web, si bien genera la difusión intensiva de la jurisprudencia de los tribunales y demás órganos judiciales, puede acarrear una colisión entre transparencia y derecho a la protección de datos personales. Se procura resguardar este equilibrio a través de la aplicación de los criterios que brindan las recientes reglas mínimas para la difusión de la información judicial en internet.Otro aspecto relevante lo constituye la orientación general que se proporciona a los justiciables a través de internet sobre los procesos judiciales, requisitos de tramitación y los órganos judiciales intervinientes. Asimismo, se incluye la posibilidad de efectuar reclamos, consultas y sugerencias por medios electrónicos, contribuye a la mejora de la calidad de prestación del servicio judicial.La aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) permiten un procesamiento adecuado de la información que se transmite a los ciudadanos y se encaminan a lograr una mayor transparencia, pilar en que se apoya la legitimidad, necesaria para reafirmar la independencia institucional del poder judicial. Finalmente como herramienta de gobernabilidad, el logro de una mayor información a los ciudadanos genera una cultura judicial acorde con los principios del régimen democrático.

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