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Calidad de las administraciones y cumplimiento del principio de legalidad

Por: Nevado-Batalla Moreno, Pedro TomásColaborador(es): CLAD | Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 11 GuatemalaDetalles de publicación: Salamanca Universidad de Salamanca. Facultad de Derecho 2006Descripción: 19 pTema(s): CALIDAD | CONGRESO CLAD 11-2006 | EFICACIA | GESTION PUBLICA | LEGALIDAD | MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO | REFORMA ADMINISTRATIVA | ESPAÑAOtra clasificación: INAP-AR:CD 45 Congreso XI Resumen: Resulta indudable que la organización administrativa y su actividad siempre ha debido ajustarse a un entorno cambiante en ocasiones mucho más dinámico que la iniciativa pública de carácter administrativo. En este sentido, las nuevas demandas de la comunidad frente a las Administraciones unido al propio desarrollo de la sociedad postindustrial manifestado en prácticas económicas y sociales frente a las que el clásico modelo burocrático administrativo no ha podido rendir para alcanzar los niveles que eran deseables, ha provocado una redefinición de la organización pública prestataria de servicios y en concreto de las técnicas organizativas, medios y procedimientos a través de los cuales ha de concretarse su actividad prestacional, o como tradicional se ha venido denominando, su actividad de servicio público y en general de los servicios administrativos que facilitan las Administraciones Públicas.En definitiva nos encontramos frente a un nuevo planteamiento sobre la gestión de los servicios públicos y, como decimos, de los servicios administrativos en general; debate sobre una nueva "cultura de gestión pública" que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los principales problemas de los países de nuestro entorno al que por supuesto Iberoamérica no ha sido ajena.Obsérvese que, si analizamos la calidad desde los parámetros de los viejos patrones burocráticos tanto en su aplicación a servicios administrativos como a servicios públicos de carácter material o técnico y especialmente a éstos últimos, su carácter monopolístico y de mínimos, configuran un estrecho espacio en el que pueda encontrar holgado acomodo el concepto que nos ocupa. Evidentemente, aún cuando la prestación de determinados servicios, en concreto aquellos que conllevan el ejercicio de autoridad aún mantengan el rasgo del monopolio público, que duda cabe que la realidad en la prestación de servicios se ha tornado mucho más abierta tomando en consideración aspectos hasta fechas relativamente recientes solo conocidos en el sector privado cuyo sumatorio trae como resultado la buscada calidad en la prestación colmando de forma satisfactoria las necesidades y pretensiones de los ciudadanos.
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Resulta indudable que la organización administrativa y su actividad siempre ha debido ajustarse a un entorno cambiante en ocasiones mucho más dinámico que la iniciativa pública de carácter administrativo. En este sentido, las nuevas demandas de la comunidad frente a las Administraciones unido al propio desarrollo de la sociedad postindustrial manifestado en prácticas económicas y sociales frente a las que el clásico modelo burocrático administrativo no ha podido rendir para alcanzar los niveles que eran deseables, ha provocado una redefinición de la organización pública prestataria de servicios y en concreto de las técnicas organizativas, medios y procedimientos a través de los cuales ha de concretarse su actividad prestacional, o como tradicional se ha venido denominando, su actividad de servicio público y en general de los servicios administrativos que facilitan las Administraciones Públicas.En definitiva nos encontramos frente a un nuevo planteamiento sobre la gestión de los servicios públicos y, como decimos, de los servicios administrativos en general; debate sobre una nueva "cultura de gestión pública" que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los principales problemas de los países de nuestro entorno al que por supuesto Iberoamérica no ha sido ajena.Obsérvese que, si analizamos la calidad desde los parámetros de los viejos patrones burocráticos tanto en su aplicación a servicios administrativos como a servicios públicos de carácter material o técnico y especialmente a éstos últimos, su carácter monopolístico y de mínimos, configuran un estrecho espacio en el que pueda encontrar holgado acomodo el concepto que nos ocupa. Evidentemente, aún cuando la prestación de determinados servicios, en concreto aquellos que conllevan el ejercicio de autoridad aún mantengan el rasgo del monopolio público, que duda cabe que la realidad en la prestación de servicios se ha tornado mucho más abierta tomando en consideración aspectos hasta fechas relativamente recientes solo conocidos en el sector privado cuyo sumatorio trae como resultado la buscada calidad en la prestación colmando de forma satisfactoria las necesidades y pretensiones de los ciudadanos.

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