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El ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el poder ejecutivo nacional de la República Argentina: experiencias y desafíos a un año de la vigencia del Decreto 1172/2003

Por: Martínez Aráoz, VictoriaColaborador(es): CLAD | Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 10 SantiagoDetalles de publicación: Buenos Aires Jefatura de Gabinete de Ministros. Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Programa de Fortalecimiento de la Democracia 2005Descripción: 15 pTema(s): ACCESO A LA INFORMACION | ADMINISTRACION ELECTRONICA | CONGRESO CLAD 10-2005 | CORRUPCION ADMINISTRATIVA | LEGISLACION | MARCO JURIDICO | RELACIONES ESTADO Y SOCIEDAD | TRANSPARENCIA | ARGENTINAOtra clasificación: INAP-AR:CD 45 Congreso X Resumen: A fines de 2001 Argentina vivió la mayor crisis institucional en tiempos de la democracia. Esa eclosión puso en claroscuro la persistencia de otras crisis de vieja data. Con tales antecedentes, no resulta claro si la ausencia de participación ciudadana ha generado la crisis de las instituciones o si esa misma crisis es la que ha desalentado el interés de la ciudadanía por intervenir en los asuntos públicos. Lo cierto es que nuestra política tiene una deuda moral con las instituciones y que para reconciliar a estas con la sociedad deben producirse hechos concretos y mensurables. Es en este sentido -y en el convencimiento de que una democracia eficiente y transparente se encuentra asociada necesariamente a la participación y control activo de la ciudadanía-, que resulta esencial trabajar en un cambio cultural a través de la integración de los diversos actores sociales. Habrá mejores instituciones fomentando las iniciativas de diálogo, definiendo y acordando políticas que excedan el marco de un mandato presidencial. A través de la experiencia en la implementación de medidas concretas podremos analizar y establecer cuáles son los desafíos de la nueva Administración y determinar si los cambios son posibles. La puesta en funcionamiento del Decreto 1172/03, a través del compromiso y la alianza entre el Estado y la Sociedad Civil, es un ejemplo concreto y revelador en este sentido.Efectivamente, a fin de llevar adelante la implementación y concreción de las iniciativas aprobadas por el Decreto 1172/03, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia se constituye en Autoridad de Aplicación, y -a diferencia de lo que ha ocurrido en la Argentina con la inmensa mayoría de las normas en que todos los esfuerzos se limitan a lograr su sanción-, impulsa un conjunto de acciones de implementación novedoso en la historia de la Administración Pública Nacional. Así, se constituye una red de Enlaces a nivel de Ministerios y Secretarías de alto rango y se diseña un programa de desarrollo progresivo, tendiente a capacitar, entrenar, difundir, concientizar, organizar y mejorar, entre otros, los mecanismos de comunicación y los circuitos que deben transitarse para la utilización eficaz de cada uno de los instrumentos regulados. Las acciones desarrolladas han venido a impulsar un cambio cultural, cuyo desafío central es comenzar a integrar a todas las personas en los procesos decisorios de la Administración.
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A fines de 2001 Argentina vivió la mayor crisis institucional en tiempos de la democracia. Esa eclosión puso en claroscuro la persistencia de otras crisis de vieja data. Con tales antecedentes, no resulta claro si la ausencia de participación ciudadana ha generado la crisis de las instituciones o si esa misma crisis es la que ha desalentado el interés de la ciudadanía por intervenir en los asuntos públicos. Lo cierto es que nuestra política tiene una deuda moral con las instituciones y que para reconciliar a estas con la sociedad deben producirse hechos concretos y mensurables. Es en este sentido -y en el convencimiento de que una democracia eficiente y transparente se encuentra asociada necesariamente a la participación y control activo de la ciudadanía-, que resulta esencial trabajar en un cambio cultural a través de la integración de los diversos actores sociales. Habrá mejores instituciones fomentando las iniciativas de diálogo, definiendo y acordando políticas que excedan el marco de un mandato presidencial. A través de la experiencia en la implementación de medidas concretas podremos analizar y establecer cuáles son los desafíos de la nueva Administración y determinar si los cambios son posibles. La puesta en funcionamiento del Decreto 1172/03, a través del compromiso y la alianza entre el Estado y la Sociedad Civil, es un ejemplo concreto y revelador en este sentido.Efectivamente, a fin de llevar adelante la implementación y concreción de las iniciativas aprobadas por el Decreto 1172/03, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia se constituye en Autoridad de Aplicación, y -a diferencia de lo que ha ocurrido en la Argentina con la inmensa mayoría de las normas en que todos los esfuerzos se limitan a lograr su sanción-, impulsa un conjunto de acciones de implementación novedoso en la historia de la Administración Pública Nacional. Así, se constituye una red de Enlaces a nivel de Ministerios y Secretarías de alto rango y se diseña un programa de desarrollo progresivo, tendiente a capacitar, entrenar, difundir, concientizar, organizar y mejorar, entre otros, los mecanismos de comunicación y los circuitos que deben transitarse para la utilización eficaz de cada uno de los instrumentos regulados. Las acciones desarrolladas han venido a impulsar un cambio cultural, cuyo desafío central es comenzar a integrar a todas las personas en los procesos decisorios de la Administración.

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