Con el retorno a la democracia en Chile a partir de los años 90, la violencia y la delincuencia pasó a constituir uno de los problemas de mayor importancia para la ciudadanía. La respuesta pública desde entonces ha tenido una evolución significativa, variando desde una política centrada fundamentalmente en el mejoramiento de la gestión policial y la reforma del sistema de justicia, a una oferta pública más integrada, donde se integran los esfuerzos de control y represión del delito con los de prevención de los factores que aparecen correlacionados a la generación de violencia.Desde los años 90 hasta hoy, se ha avanzado bastante en el diseño y aplicación de políticas y programas antidelictivos. Se han impulsado iniciativas y reformas en prácticamente todos los ámbitos relativos a la prevención y el control de la delincuencia, lo que ha implicado transformaciones institucionales profundas, inversiones cuantiosas y creación de capacidades profesionales. Así por ejemplo la principal policía chilena ha incorporado una gestión territorial basada en una mejor distribución de los recursos tecnológicos y humanos en los territorios (Plan Cuadrante), se ha impulsado la más importante reforma al sistema de justicia penal que se haya hecho, que sustituye un sistema inquisitivo ineficiente por un sistema más expedito, transparente y eficiente. En el ámbito local, se han abierto espacios para que la comunidad y las autoridades municipales enfrenten el problema delictivo de su sector, a través de la instalación de programas como Comuna Segura y Barrio Seguro. El desarrollo de la estrategia a nivel local no ha sido fácil, en la medida que la seguridad ciudadana ha sido un tema relativamente nuevo para el mundo municipal, tanto es así que recién a partir de esta década la legislación que regula las competencias de los municipios reconoce la seguridad ciudadana como un ámbito posible de ser abordado por éstos. La historia municipal transitó paulatinamente desde la exploración de experiencias muy vinculadas a la vigilancia y la reactividad a una concepción más integral, donde la prevención pasa a disputar un lugar no sólo en el discurso de las autoridades comunales sino en la gestión misma de los municipios.La gestión territorial desarrollada en las comunas ha facilitado ese mayor involucramiento municipal, pero para ello ha debido experimentar modificaciones importantes respecto de su modelo original, expresado entre otras cosas la superación de la concursabilidad como mecanismo para asignar los recursos y producir participación y la destinación de la totalidad de los recursos al financiamiento de los Planes Comunales de Seguridad, lo que ha implicado el diseño de un modelo de gestión local más efectivo, que signifique focalizar en territorios y temas específicos, sin comprometer los logros que se han obtenido en participación de la ciudadanía.La reorientación del modelo de gestión territorial del Estado chileno implica enfatizar la articulación de lo local y lo central en torno a objetivos estratégicos nacionales que necesariamente requieren su adaptación a la realidad comunal. Sin embargo, para acercarse a la imagen objetivo de municipios que lideren y coordinen la acción preventiva a nivel comunal se requiere el reforzamiento de los sistemas de evaluación, tal que permitan efectivamente medir el cumplimiento de las metas e impactar sobre los factores de riesgo asociados a la violencia, el delito y el temor.

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