La modernización del Estado ha tenido su expresión tanto en el ámbito de las estructuras como en el tipo de respuesta que ha dado a problemas emergentes; es decir, se ha expresado en la capacidad del Estado para desarrollar estrategias innovadoras frente a problemas que adquieren modalidades particulares durante las últimas décadas, y para las cuales las acciones tradicionales son insuficientes. Ello ha sucedido frente al fenómeno de la inseguridad y la violencia urbana, tema que se instaló en la agenda pública especialmente a partir de la década de los 90.Durante un primer período la discusión estuvo marcada por un fuerte contenido reactivo y efectista. Este debate poco o nada ayudó a la construcción de una política eficaz y eficiente en la prevención y control de la criminalidad. Simultáneamente la respuesta estatal se caracterizó especialmente por su énfasis en la represión del delito, vía modernización de la gestión policial, reforma de la justicia penal y cambios legislativos.Sin embargo, la maduración del debate y la constatación de los límites de la "seguridad pública", se tradujo a fines de los noventa en el desarrollo de estrategias en el ámbito de la Prevención, que lejos de pugnar con las respuestas de control las complementan. Esa complementación tiene su expresión más reciente en la formulación de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, instrumento que fija los desafíos programáticos del Estado en ámbitos como el control, el desarrollo institucional, la información y tecnologías y la prevención. Todos ellos orientados a la mejor coordinación de los recursos estatales, generando respuestas efectivas tanto en la prevención de los comportamientos criminales como en la sanción de los hechos delictivos una vez que éstos se han producido.En el caso de la prevención los avances del Estado se expresa en que por primera vez los servicios públicos que históricamente han trabajado en el ámbito de ?lo social? reconocen como parte integrante de sus metas particulares los objetivos de prevención de la violencia y la delincuencia, y por ende, se reconocen como parte insustituible de una estrategia nacional de prevención del delito. Por otra parte, se analizó los cambios del Programa Comuna Segura, como parte de la búsqueda del Estado de lograr más eficiencia en su inversión, mejorando la focalización en los territorios locales.En este sentido, aparece como componente esencial de las rectificaciones el desafío de estimular el desarrollo de Planes Integrales de Prevención del Delito a nivel local, en que los municipios sean efectivamente instancias articuladoras de la estrategia local. Si bien ya se ha desarrollado las metodologías que aseguran la identificación de los temas y territorios más vulnerables de las comunas, se requiere perfeccionar los mecanismos de asignación presupuestaria que existen a nivel regional y el desarrollo de instancias efectivas de coordinación de los diferentes servicios y programas gubernamentales que tienen su ejecución en comunas.

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