Actualmente la evaluación de programas y políticas públicas está en un momento de crecimiento pero éste no es uniforme en todas las áreas. Un análisis de las evaluaciones presentadas en ponencias y congresos y de las tesinas realizadas en evaluación, muestra que hay grandes áreas políticas que son apenas evaluadas, por ejemplo las políticas judiciales, económicas, defensa, relaciones exteriores, infraestructuras, sanidad y policía. Por el contrario, las intervenciones de bienestar social son las más evaluadas.Ni el discurso político ni la teoría de evaluación sustentan esta diferenciación. El presupuesto destinado a cada una tampoco lo explicaría. Las causas se localizan en las demandas y discursos de los decisores políticos.Analizando el listado de los programas y políticas evaluadas, se pueden clasificar éstas en una escala que atiende al hecho de que hay políticas de carácter universal, que están dirigidas al conjunto de la ciudadanía, y otras que buscan la discriminación positiva para paliar necesidades o dificultades sociales de grupos o colectivos. Realmente la evaluación se ha realizado más en las políticas y planes que se sustentan en estrategias de discriminación positiva que en las de carácter universal.Las políticas de discriminación positiva generan más cautelas y suspicacias que las otras, probablemente estos temores estén alentados por los modelos políticos - culturales del Estado de bienestar liberal o corporativo. En estos esquemas el Estado sólo actuaría cuando se comprueba que el individuo no puede trabajar, no tiene medios o bien cuando otras instituciones (familia, iglesia, ?) no pueden hacerse cargo. Por lo tanto, surge una mayor demanda de evaluación de esta política para que pueda responder a dichas cuestiones.Los efectos constructivos se harán notar en el sector y habrá una actuación más sensible y responsable por parte de los profesionales y decisores. Pero existen ciertos riesgos en el desarrollo desigual de la evaluación por sectores Las políticas de bienestar social abordan problemas complejos que en ocasiones no obtiene los resultados máximos deseados. En contextos carentes de una cultura evaluativa resulta complicado mitigar a través de la comparación con otras evaluaciones los recelos que provocan los datos, por lo que aparece con bastante frecuencia una mala valoración de la intervención. A esto se le puede denominar efecto penalizador de la evaluación ya que los decisores políticos actuando con responsabilidad acaban limitando y controlando este tipo de intervenciones. Este efecto no se desencadena en otras áreas sencillamente porque se realiza menos evaluación. Se proponen unas recomendaciones para corregir dicho sesgo.

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