En Argentina se ha abierto un debate en torno a la capacidad de los Municipios para cobrar las tasas por control veterinario, sanitario y bromatológico de los productos alimenticios, detrás del cual se esconden dos discusiones: la pertinencia del cobro por parte de los municipios por este concepto, por un lado; y la legitimidad de que los municipios ejerzan los controles de salubridad e inocuidad de los alimentos, por otro. Para desentrañar estas cuestiones, en primera medida, el trabajo aborda la problemática asociada a la delimitación del ámbito territorial apropiado para llevar a cabo cada función asociada a este control, de acuerdo a la escala que resulte más pertinente tanto desde el punto de vista de la eficacia, como de la eficiencia. Luego se planteará la discusión acerca del origen de su financiamiento. De acuerdo a la teoría económica, este servicio se clasifica en la categoría de "bien público", razón por la cual no debe ser financiado bajo la figura de tasa municipal. En consecuencia, la descentralización de la función del control de los alimentos en el nivel municipal, no implicaría de ninguna manera, la descentralización de la potestad del cobro de un impuesto. Quedan abiertos ahora dos debates: ¿quién realiza los controles para asegurar la salud pública?; y ¿cómo se financiará el costo de realizar esta prestación?Este trabajo surge del análisis de un estudio de caso realizado para algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la presentación de esta problemática en el marco de este panel, es pertinente en tanto que da cuenta de la problemática mayor en la que se inserta: la dificultad de circunscribir territorialmente tanto los ámbitos adecuados para la implementación de políticas públicas en los niveles subnacionales de gobierno, como la asociación del gasto al recurso con el que se lo financia. Existen múltiples ejemplos de situaciones en las que se entreveran en una discusión oscura las lógicas de dos problemáticas que corresponde discutir por separado: una es la delegación de determinadas funciones a los niveles inferiores de gobierno; y la otra es el origen de los recursos con los que se puede y debe financiar estas funciones. Mientras que la primera cuestión debe discernirse a través de la fórmula que logre el mejor resultado desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia; la segunda está ligada a cuestiones de equidad y justicia distributiva en términos de la distribución de recursos entre las regiones, y su respuesta debe guardar especial cuidado para no enfrentarse a la teoría económica, ni a las interpretaciones de la normativa en esta materia. Interpretaciones basadas en sentencias falaces acerca de la autonomía municipal corren el riesgo de amenazar la misma autonomía que proclaman. El reclamo aducido por muchos municipios a favor de la descentralización de determinados tributos, además de ir contra las prescripciones de la teoría económica, podría atentar contra las mismas finanzas locales, especialmente en aquellas jurisdicciones más pobres. Finalmente, y aunque no forme parte de la discusión en este trabajo, no puede dejar de mencionarse que esta cuestión pone de relieve la necesidad de sentarse a discutir un mecanismo de distribución de fondos entre los niveles de gobierno, que atienda a los problemas de desigualdad, al mismo tiempo que responda a la necesidad de financiar funciones de gasto delegadas en la actualidad a los niveles inferiores de gobierno en nuestro país.

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