A partir de los escándalos de corrupción que hicieron caer al gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000, el Estado Peruano ha dictado más de 40 dispositivos legales o reglamentarios referidos a la ética pública o a la transparencia de la función pública. Paradójicamente, desde el 2001 el Perú ha venido cayendo en el ranking del Índice de Percepción de Corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional. Esta observación plantea el dilema de si es que las normas dictadas no son lo suficientemente duras o completas como para motivar cambios en la conducta, o si es que la estrategia seguida hasta el momento ha sido la equivocada para promover el cambio ético.La evidencia sugiere que la obligación de mantener una conducta ética predefinida según los parámetros de la Ley parece no ser suficiente para hacer que los funcionarios públicos se comporten de manera ética. Aún cuando también este caso muestra los problemas que tiene el IPC de TI, para reflejar adecuadamente momentos de cambio vinculados a políticas que, luchando contra la corrupción, hacen ésta más visible.En los últimos meses, la administración actual ha venido impulsando el cambio ético a partir de otra vía, la convicción. Se ha desarrollado una campaña de larga duración orientada a la promoción de los valores, convenciendo a los funcionarios de las razones por las cuales es importante mantener una conducta ética, con la esperanza de que éstos, por propia convicción, se comporten de manera más ética. Todavía el tiempo es muy corto como para evaluar resultados, pero se percibe como un complemento necesario e indispensable para generar un cambio ético significativo.

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