A partir de los años ochenta el Estado mexicano experimentaría, igual que en el resto de América Latina, una transformación sin precedentes. Donde la regulación de las leyes del mercado sustituyó progresivamente a la regulación económica basada en el intervensionismo estatal. En nuestro país las tesis del Consenso de Washington y de la ideología del New Deal se retomaron para realizar una reforma de la del Estado cuyo eje se ubicaría alrededor de los preceptos económicos del libre mercado y, que en el caso de la administración pública, se centraría en la redefinición de la gestión pública, de las tareas públicas y el marco institucional de la gestión gubernamental. La promesa era que al reducir el tamaño de la gestión pública y elevar la eficiencia en la ejecución de las actividades públicas se podría incrementar la satisfacción social respecto del desempeño del gobierno y la economía. Desde el punto de vista económico, la reforma del Estado significaba la transición de un Estado altamente interventor a un Estado subsidiario que en lo consecutivo concentraría sus recursos económicos y su capacidad institucional, en la realización de acciones destinadas a salvaguardar los derechos de propiedad, supervisar la realización de los intercambios mercantiles, asegurar el cuidado del medio ambiente y vigilar la aplicación de las leyes.Sin embargo, después de casi cuatro lustros y medio de reforma económica y redimensionamiento de la administración pública, es evidente que el "libre mercado" no es la panacea a la problemática económica y social del país, tampoco lo ha sido para América Latina, porque su "mano invisible" puede producir una distribución del ingreso socialmente inaceptable. Por el contrario, el ajuste económico fundamentalmente ha favorecido la concentración de capitales y la pauperización de amplias capas de la población, fenómenos que están dando lugar al resentimiento social y la ingobernabilidad.Frente a ese panorama se impone una reflexión respecto de la urgencia por reconstruir las capacidades de gestión Estado. Donde se puedan conciliar los intereses públicos-colectivos porque ya que no es posible asumir sin inmutarse otra década perdida. En ese sentido es urgente rediseñar las funciones del Estado y de la administración pública, desde una perspectiva innovadora y de planeación de largo aliento, cualitativamente mejor a la actual, que permita responder a los grandes retos que está imponiendo la falta de crecimiento. No se propone el regreso al pasado, sino la reconstrucción de las capacidades de gestión que éste ejerce a través de la administración pública en beneficio de la sociedad.

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