Desde hace poco más de doscientos años la transparencia en la gestión pública ha rondado en los idearios y en las legislaciones mundiales. Sin embargo, no fue sino hasta finales del siglo XX que los gobernados comenzaron a reclamar datos claros y confiables a sus gobiernos, en el contexto de la sociedad de la información.Los gobiernos que se precian de ser democráticos, ya no pueden serlo únicamente por el título, sino que deben atender a las características de la verdadera democracia, entre las cuales destaca la transparencia. Dicha cualidad promueve la existencia de prácticas gubernamentales no corruptas, así como la participación de la ciudadanía en todas las esferas de la vida pública.La adquisición de bienes y contratación de servicios y obra pública, mediante contrataciones públicas, también llamadas compras del sector público, es una de las actividades más importantes y de mayor opacidad que realizan los gobiernos. Hasta ahora, en la mayoría de los países, ha constituido un nicho perfecto para engendrar y fomentar prácticas corruptas por la magnitud de los recursos que implican las contrataciones de la Administración Pública.Es preciso transparentar los referidos procedimientos de contratación pública, otorgando mayor acceso a la información de todo el proceso de suministro, con miras a hacerlos más eficientes y permitir la participación de la mayor cantidad de proveedores posibles, asegurando que la competencia no sea eliminada de facto, por las prácticas ilegales que pudieran tener lugar en los distintos países. Lo anterior, con la finalidad de que las adquisiciones o contratación de servicios que pretenda realizar el Estado, sean concretadas en las mejores condiciones de calidad y plazos de entrega y con la posibilidad de obtener los mejores precios.

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