La administración de los activos inmuebles del Estado se ha enfocado en precarios procedimientos de registro, conservación y mantenimiento de los inmuebles, los cuales se han constituido en fuente importante de gasto público. Actualmente, el control administrativo de dichos inmuebles es responsabilidad de la dependencia administrativa correspondiente de cada una de las entidades públicas. Sin embargo, dichas dependencias desconocen el concepto de gestión de activos, el cual se entiende como la toma de decisiones mediante criterios de actuación empresarial que impliquen agentes y actores de mercado, tanto públicos como privados, regidos por fuerzas del mercado.El paradigma actual bajo el cual se realizan las adquisiciones de bienes inmuebles por parte del Estado genera grandes ineficiencias e implican costos innecesarios para el fisco. En efecto, como ejemplo de los mayores costos se encuentra la asignación de partidas presupuestales para la adquisición de inmuebles que no se encuentran relacionados con el objetivo misional de la entidad y que frecuentemente terminan por convertirse en activos ociosos. Los inmuebles ociosos representan una doble pérdida para el patrimonio Estatal pues no generan beneficios para el Estado y adicionalmente, implican mayores gastos de funcionamiento por los egresos para su administración y mantenimiento. Sin embargo, muchas veces esta última labor no se realiza adecuadamente, conllevando a que una gran proporción de los bienes inmuebles del Estado aparentemente requieran de costosos procesos de saneamiento legal, físico, administrativo y tributario.Entre otros problemas sobresale la inexistencia de técnicas de gestión de activos fijos para optimizar su uso, lo cual conlleva a la subutilización de los mismos. Adicionalmente, las limitaciones presupuestales y legales en la adquisición de inmuebles necesarios para la operación de entidades estatales, conllevan frecuentemente a erogaciones por el pago de arrendamientos sin tener en cuenta los inventarios de inmuebles disponibles. Esta situación se refleja en el resultado de un sondeo de la planta física de las entidades públicas, que muestra que existen serias deficiencias en la asignación de los activos públicos entre entidades, puesto que algunas de ellas cuentan con inmuebles cuya tenencia es innecesaria, mientras que otras no poseen espacios propios de operación.En resumen, el inventario inmobiliario del Estado se caracteriza por la acumulación de inmuebles que con el tiempo se vuelven ociosos, por la subutilización de los espacios físicos disponibles, y por el saneamiento que este requiere para poder gestionarlo, por lo que se hace necesario crear una programa que tenga como objetivo el desarrollo de un sistema de gestión eficiente de activos públicos que maximice el retorno económico y social de los activos del Estado. La implementación de dicho programa, generará mejoría en la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, dado que los recursos físicos de las entidades estatales serán proporcionales a sus necesidades, se eliminarán las erogaciones destinadas al mantenimiento de activos ociosos y los activos se emplearán en labores misionales.Aunque el programa en el largo plazo debe abarcar el universo de activos públicos, el programa se enfocará inicialmente en los activos inmuebles de las entidades públicas de la rama ejecutiva del nivel nacional y del sector central, para posteriormente, evolucionar e incorporar en su espectro de gestión otro tipo de activos, y en todas las entidades del nivel descentralizado y territorial. Se han establecido cuatro estrategias principales para la ejecución del programa que se resumen en: i) Sistema de Información de Gestión de Activos -SIGA-, que es la herramienta principal para tener la información en tiempo real y confiable para la toma de decisiones de gestión, ii) la normatividad con el fin de establecer un marco jurídico único, y así evitar la dispersión de normas que dificultan la gestión a los funcionarios públicos por el desconocimiento de las normas, dada el alto número de normas que no se contemplan en el momento de tomar las decisiones de gestión, iii) la institucionalidad que permita la ejecución y iv) la gestión para generar ingresos y ahorros que representen un impacto fiscal.

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