La preocupación por crear marcos nacionales en los que se reconozcan las competencias adquiridas en el trabajo, ha propiciado una mayor intervención de las Administraciones Públicas en la implementación de modelos de formación que respondan a las necesidades en el marco de las políticas activas de cualificación profesional.La preocupación pública por la generación de acciones de formación con una alta pertinencia para la calificación profesional, es el reto que deben acometer las distintas administraciones y agentes promotores de formación.No solo actualmente la tarea de los centros de formación va a estar basada en incrementar la oferta formativa sino también a organizar marcos o sistemas basados en la normalización, formación y certificación de competencias.El reto de los próximos años estará más orientado a lograr cualificaciones útiles en la vida profesional, competencias certificables y transferibles, entre todos los agentes promotores: Estado, Comunidades Autónomas, Entes locales, Organizaciones sindicales.La necesaria homologación de criterios, debe estar a su vez conectada con el acuerdo de los agentes en cuanto a quien y como va a proceder a homogeneizar la valoración de la docencia.Esté aun siendo un elemento meramente formal de la organización, no es por ello, menos importante, dado que de un amplio acuerdo se derivarán consecuencias positivas para todos los promotores.La vertebración territorial realizada en nuestro país permite que sea en el seno de las comunidades autónomas donde el nivel de descentralización pueda propiciar una mayor proximidad a toma de decisiones.El debate actualmente se debe centrar en la distribución entre los agentes de las materias objeto de certificación, o bien en la necesaria homologación de criterios de cualificación.Las Jornadas de Formación Continua celebradas el pasado mes de junio en Zaragoza, instaron a los promotores a llegar a un acuerdo que permita la homogenización de la formación impartida, así como la necesidad de permitir el conocimiento público por todos los promotores de formación dirigidos a los empleados públicos, de los criterios en que se basará la misma.

Español