En México, tras más de setenta años de gobierno de un Partido Político, en el año 2000 se da la transición democrática dando entrada al entonces partido opositor de Acción Nacional. Pese a que el capital humano y de legitimidad apoyaba al nuevo gobierno, las políticas públicas se enfrentaron frente a un grave problema para combatir a la corrupción: la costumbre, el hábito, la cultura ciudadana. En el 2003 se propone una Reforma integral al sistema judicial mexicano que busca, entre otras cosas, combatir a la corrupción desde una perspectiva más frontal; generando nuevas figuras e instituciones dentro del proceso judicial que permitan delimitar actuaciones y agilizar dicho proceso. ¿La propuesta de reforma judicial garantizará un mecanismo eficaz contra la corrupción? ¿Está México preparado para aplicar nuevas figuras jurídicas en su marco normativo para combatir algo que parece intrínsecamente ligado a su cultura?Los esfuerzos más concretos en México por combatir a la corrupción nacen a finales de la década de los ochenta y generan, entre otras cosas, instituciones estatales, instrumentos jurídicos (tanto nacionales como la suscripción a los internacionales ya existentes), así como mecanismos de revisión que pretenden combatir al fenómeno corruptor que genera un importantísimo obstáculo para el franco crecimiento de un país con recursos naturales, humanos y económicos prominentes.Nacen así la Secretaría de Desarrollo Administrativo (ahora de la Función Pública), la Ley de Responsabilidad de servidores públicos y posteriormente la suscripción de México a Convenios Internacionales en la materia (OCDE, OEA, etc.). Posteriormente, es hasta finales de la década de los noventa cuando México entra como país observador al Consejo de Europa, lugar donde "participa" en la creación de las Convenciones contra la corrupción en materia civil y penal, y la posterior creación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).A partir del año 2001, México participa activamente en el Comité de las Naciones Unidas encargado de crear una Convención contra la Corrupción y ésta, tras ser aprobada por la Asamblea General, es firmada en Mérida, Yucatán México a finales de 2003. Así pues, la República Mexicana enfrenta una problemática grave tras su activa participación en la creación de mecanismos anticorrupción: adecuarles a su sistema jurídico y político, creando por ende, una cultura anti "mordida" (anti soborno), una capacidad de entendimiento cívico (basada en la legitimación del orden público) para dar frente al fenómeno delictivo.Las estadísticas de inseguridad, desempleo y pobreza no ayudan a la labor anticorrupción. La necesidad de reformas en los sectores energético y fiscal, entre otros, apremian urgentemente a renovar los mecanismos de evolución económica y de transparencia en la gestión pública.De tal forma, en cara a los dos últimos años de gobierno del Presidente actual, el Ejecutivo Federal ha propuesto una reforma integral del sistema judicial mexicano donde se sugieren, entre otras cosas, la creación de un Ministerio del Interior, de Abogados del Estado y la de un Fiscal General, desapareciendo la Procuraduría General de la República.La evolución a la lucha anticorrupción ha logrado grandes avances; la posición de México a nivel internacional a la luz de la Convención de Mérida contra la corrupción es absolutamente trascendente. Digno de análisis será centrar un estudio donde se discierna, en primer plano, la cultura cívica del mexicano, el contenido de la Reforma Judicial en comento y el compromiso internacional que enfrenta. Se tratará de un estudio descriptivo entre la actualidad legislativa, su anhelo de reforma y el compromiso social de su gente.

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