La nueva legislación que se ha dado en los últimos cuatro años en el Perú para impulsar el proceso de descentralización, incorporando a éste mecanismos de participación ciudadana, ha llevado a que el proceso de formulación de planes concertados de desarrollo y presupuestos participativos se convierta en política pública, haciendo obligatoria su implementación en todos los niveles subnacionales de gobierno (regiones, provincias y distritos). Ello constituye una experiencia inédita y un cambio importante en la dinámica de la gestión pública regional y municipal.Al plantear esta normatividad que el Presupuesto Participativo de una región o localidad debe estar articulado al Plan de Desarrollo Concertado de dicha jurisdicción, se intenta superar la visión de corto plazo del presupuesto anual enmarcándolo en una programación multianual que responda a la definición de la visión del desarrollo y de los objetivos estratégicos que se hayan concertado en el plan de desarrollo de la jurisdicción.El desafío está hoy en día en, además de consolidar ambos procesos, lograr que se vinculen de forma más directa, de manera que los presupuestos participativos respondan a objetivos estratégicos de desarrollo y a determinadas prioridades de política nacional y que permitan lograr un incremento de las asignaciones presupuestales dirigidas a estos fines.El concepto básico del Presupuesto Participativo es lograr un balance diferente entre la democracia representativa y la participación ciudadana, de tal suerte que, al darle más peso a la participación directa de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones respecto al gasto público y una mayor transparencia y responsabilidad social en la ejecución del mismo, se incrementan tanto la legitimidad de la propia democracia representativa como la gobernabilidad democrática de la misma, creando una nueva institucionalidad y aumentando las capacidades de los sectores más pobres.. Así se supera la falsa dicotomía entre democracia representativa y democracia participativa.El Presupuesto Participativo permite que las demandas sociales no sólo encuentren un cauce institucional que ayuda a profundizar la democracia sino también que sean priorizadas de manera distinta al ser objeto de negociación con el poder político. Si se quiere, se sientan las bases para pasar de una democracia gobernada por los políticos a otra gobernada por los ciudadanos. Este es un aspecto medular de los presupuestos participativos, más aún, si se tiene en cuenta, por ejemplo, las actuales crisis políticas en la región andina.Por ello, un desafío fundamental de estos procesos es que contribuyan efectivamente a fortalecer y recrear la institucionalidad de la propia democracia representativa. Este fortalecimiento, con seguridad, ayudará, como plantea el reciente informe del PNUD sobre la democracia en América Latina, a transitar de una democracia electoral a otra ciudadana, que es lo que tanto necesita el Perú.

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