Visto en términos de agente-principal, se puede decir que la contraloría social atempera los problemas de asimetría de información e incentivos divergentes, ya que la toma de decisiones del agente es ratificada en su asignación, debido a que el principal vigila o verifica el cumplimiento (expectativas explícitas) de sus funciones (básicamente en la entrega de apoyos y la ejecución de obras) obviamente en un nivel básico, cuya práctica y perfeccionamiento puede expandirse a la sociedad en el futuro.La experiencia práctica en los programas de desarrollo social en México ha demostrado que la participación social para la vigilancia ciudadana se ha constituido en un elemento de impulso a la transparencia y la rendición de cuentas. Así como estímulo a los beneficiarios para colaborar en la vigilancia de los programas (respuesta institucional a sus problemas de pobreza), sin ser sustituidos por sus representantes. La contraloría social, como participación ciudadana para la rendición de cuentas, ha provocado que los servidores públicos informen a la ciudadanía en cuanto a demanda social, oferta institucional y operación de programas (información y justificación), y se apeguen con mayor atención a las reglas de operación y los lineamientos operativos de las instituciones normativas, operadoras y ejecutoras (evitar sanciones). Un ejemplo de lo anterior lo constituye la estrategia de contraloría social en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en el cual se ha empleado un modelo de información, capacitación (en organización social, operación del programa, instancias de control, etcétera) en el que la transparencia (información y orientación) ha sido el factor que ha regido el avance en la rendición de cuentas, que logra suavizar o limitar problemas de agencia (incentivos divergentes) y elevar la eficiencia del Programa.

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