Uno de los medios para consolidar la democracia consiste en fortalecer de manera permanente a los sistemas de responsabilidades, principalmente en las instituciones del sector público. Por otra parte, en términos axiológicos se considera que los ciudadanos debieran tener la oportunidad de acceso relativamente irrestricto a la información pública, clara y real, ya fuese individualmente o a través de la participación en organizaciones de la sociedad civil.Los datos cotidianos indican una realidad muy distinta. La inexistencia de normas y mecanismos lo suficientemente eficientes de rendición de cuentas y proporción de información, acentúan en el mundo los problemas relacionados con la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia, y la inseguridad jurídica que cuestiona, entre otras cosas, el crecimiento de las naciones.Se proponen los siguientes principios en la formulación de políticas anticorrupción: actuar sobre los sistemas y no solamente sobre personas culpables; actuar integralmente, tanto en lo preventivo como en lo punitivo y, por otra parte la integralidad incluye al gobierno y a la sociedad, constituida por la ciudadanía y sus diversas formas de organización y manifestación de intereses; la defensa de la democracia; el papel de los medios en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia.En un contexto de crisis generalizada de las instituciones, la legislatura y el poder judicial se constituyen en instancias a las que el ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil pueden acudir en búsqueda de la defensa y actualización de intereses colectivos. Por ello es esencial promover la división de poderes y la independencia mutua que garantice su equilibrio.Un aspecto a considerar en relación con la transparencia y anticorrupción, es el relacionado con los recursos destinados a los organismos descentralizados y autárquicos, que si bien son necesarios y recomendados para muchas funciones del Estado, no deben estar en una posición de privilegio que los exima de controles y vigilancia.Se propone: 1. Generar discusión política, ciudadana e institucional sobre la viabilidad y conveniencia de la figura del Defensor del Pueblo. 2. Contratar peritos ad-hoc en Investigaciones Administrativas. 3. Introducir estrategias de comunicación, educación y orientación al ciudadano. 4. Crear una Unidad de Denuncias de Corrupción.El objetivo de las propuestas es el de elaborar un programa de políticas públicas de transparencia y de prevención y combate a la corrupción, que institucionalicen una Política de Estado Anticorrupción, destinada a formular, con la participación de la sociedad civil, y articular de manera clara y definida, un Sistema Nacional anticorrupción, del cual deberán formar parte la Contraloría General; la Defensoría del Pueblo; los organismos que supervigilan la banca, los seguros y la administración financiera; las procuradurías, fiscalías, juzgados y otras instituciones especializadas dedicadas al combate de la corrupción.

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