En el Ecuador, muchas leyes se han aprobado siguiendo la metodología tradicional de formulación. Es decir en procesos cerrados, poco participativos, "detrás de un escritorio", sin la participación de quienes aprobarán ni de quienes ejecutarán dichas leyes. El contenido se establece con el criterio técnico de unos pocos especialistas, quienes generalmente representan los intereses de una institución o sector, dejando la introducción de los aspectos políticos al respectivo lobby en el Congreso. Como consecuencia se aprueban leyes "parchadas" que no responden, en su contenido, a la intencionalidad con la que se formularon en primera instancia, ocasionando por lo general leyes inconsistentes y contradictorias entre sí.Con la finalidad de cambiar ésta forma tradicional de aprobar las leyes, se llevó a cabo un proceso de concertación para la aprobación de la Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (LOREYTF). Esta ley estableció reglas claras de responsabilidad y transparencia fiscal, que permitirán sostener el modelo de dolarización y el proceso de descentralización en el país, en enero del 2000. Inicialmente, el gobierno nacional elaboró a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo Nacional de Modernización un Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal. En diciembre de 2001, cuando el proyecto se encontraba en pleno debate en el Congreso Nacional, el Presidente de la República, decidió retirar el proyecto de ley del Congreso, en vista de que varias instituciones del Ejecutivo mostraron intereses contrapuestos en torno al mismo que obstaculizaron su tratamiento.Luego del retiro del Proyecto y con el objeto de consolidar la posición del Ejecutivo, el Ministro de Economía y Finanzas crea una comisión técnica interinstitucional para generar un proyecto de ley concertado. La Comisión trabajó durante cuatro meses, con el apoyo de un mediador, llegando a concertar inclusive con el Congreso Nacional. Quienes participaron en el proceso actuaron representando a una institución en particular, por lo que cada uno tenía intereses distintos. Durante el proceso, el MAAN (la mejor alternativa a un acuerdo negociado) de los actores se puso al descubierto sobretodo en aquellos temas en donde se evidenció mayor dificultad. Esto permitió analizar detenidamente y entender por qué cada actor proponía límites por debajo de los cuales no era posible negociar. Entre los resultados de este proceso están: Enriquecimiento técnico del proyecto de ley: se potenció al máximo los conocimientos y experiencia de cada uno de los profesionales que participaron; Apropiación del proyecto por parte del grupo que intervino en el proceso, quienes se convirtieron en impulsadores dentro de la institución que representaron; Se minimizó el riesgo de cambios políticos en el contenido de la ley; A pesar de los cambios radicales y trascendentes que implicaba el proyecto de ley, este fue aprobado con relativa facilidad.La principal lección aprendida del proceso, es que la concertación abierta entre actores claves es el mejor camino para diseñar, aprobar e implementar leyes políticamente viables y técnicamente fuertes.

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