¿Deben instituirse organismos especializados para combatir de manera eficaz la corrupción? ¿Cuáles deben ser funciones? ¿Quiénes deben integrarles y en qué medida debe la sociedad civil y otros actores participar en estos esfuerzos? ¿En qué tipo de actividades deben interrelacionarse con las instituciones públicas de prevención y control de la corrupción ya existentes? y, principalmente, ¿sobre la base de qué experiencias y modelos se puede empezar?Estos son sólo algunos de los cuestionamientos iniciales que a menudo se plantean los responsables de diseñar, ejecutar y/o coordinar acciones para fomentar la transparencia y combatir la corrupción en el sector gubernamental, organismos donantes y la banca de desarrollo.Mediante un análisis basado en el desarrollo de proyectos de combate a la corrupción en Latinoamérica, y las lecciones y experiencias de ellos aprendidas, el presente artículo pretende: - Ofrecer una relación de las condiciones que deben imperar, o inducirse, con anterioridad al comienzo de cualquier actividad tendiente a fomentar la transparencia y combatir la corrupción. Con ello se busca obtener un mayor grado de certeza de que sus objetivos y resultados esperados serán alcanzados. - Dar respuestas concisas y puntuales a las interrogantes arriba planteadas al proponer la conformación y funciones más propicias de un organismo especializado de combate a la corrupción.La aproximación a estos temas se aborda sobre la base de dos hipótesis que se sintetizan de la siguiente forma: 1) Frecuentemente, los gobiernos nacionales, la sociedad civil organizada y donantes internacionales originan iniciativas para fomentar la rendición de cuentas y combatir la corrupción sin tomar en cuenta la preexistencia de condiciones mínimas esenciales para facilitar el alcance de sus objetivos estratégicos y trascender resultados superficiales. En el mejor de los casos, ello resulta en el uso poco eficiente de los recursos disponibles, y en el peor, impiden hacer sostenibles los esfuerzos iniciados, la consecución de logros y su institucionalización. 2) La tendencia a crear organismos especiales con funciones para recibir denuncias e investigar casos de corrupción está fundamentada en expectativas alejadas de la realidad y bases legales endebles que terminan por dificultar en la práctica el ejercicio de sus labores, originan conflictos de competencia con otros órganos del estado y dan poca estabilidad a su subsistencia. El enfoque de su trabajo debe estar concentrado en labores de asesoría, sensibilización, coordinación interinstitucional y seguimiento al cumplimiento de las convenciones internacionales en la materia.

Español