Los órganos reguladores son una categoría administrativa que se ha desarrollado con particular intensidad en el último tiempo, producto de la consolidación y desarrollo de los mercados. Sin embargo, al menos en el caso chileno, hasta ahora ha habido relativamente poca atención a las características principales de estas organizaciones en el ordenamiento jurídico, especialmente su naturaleza jurídica, posición institucional o potestades que ostentan en cada uno de los sectores que intervienen.Lo anterior es bastante curioso si se tiene en cuenta que precisamente estos órganos reguladores desarrollan amplias potestades de intervención en la actividad de los particulares y, además, a menudo están configurados como órganos autónomos o independientes, no subordinados a las autoridades democráticas del Estado, lo que pone en entredicho los mecanismos tradicionales de legitimación democrática de la organización administrativa que impone un Estado democrático contemporáneo.Esto implica que operan en el ordenamiento jurídico organizaciones con un amplio margen de acción, en que se encuentra claramente debilitados los mecanismos tradicionales de control y responsabilidad en el sistema político, lo que exige -en concordancia con la plena vigencia de un Estado democrático de derecho- un reforzamiento de los instrumentos de control ciudadano, ya sea por la vía de la participación en los procedimientos administrativos de decisión o los recursos administrativos o judiciales de impugnación de las decisiones administrativos.Para ello es fundamental, crear mecanismos que permitan el acceso de los ciudadanos a la información administrativa necesaria para revisar y controlar las decisiones administrativas, facilitando así el control ciudadano de estos órganos reguladores de actividades económicas relevantes.En este contexto, este trabajo pretende ser un aporte en esta materia, definiendo algunas características básicas de aquellos órganos reguladores de las actividades económicas de mayor impacto, especialmente aquellas relacionadas con la prestación de servicios públicos de interés general y vincular su actividad con las normas de transparencia y publicidad que legitiman el ejercicio del poder público en una sociedad democrática.

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