En el Ecuador han transcurrido 26 años de retorno a la democracia. Durante este período hemos asistido a una persistente pérdida de institucionalidad, que se expresa en ingobernabilidad, crisis económica e incremento de la inequidad.El énfasis puesto durante estos años a las orientaciones neoliberales de gestión de lo público, llevaron a un rápido proceso de destrucción y desmontaje institucional, que ha reducido de manera significativa la capacidad del gobierno central de formular políticas públicas, planificar, ejercer rectoría y operar sus competencias en los territorios. Se ha dado un proceso de galopante deserción del Estado Central, el mismo que cada día tiene menos presencia en el territorio, el mismo que va siendo llenado, por las instituciones locales. Este proceso perverso fue, paulatinamente, debilitando a las instituciones nacionales, sin que se construya una opción alternativa de institucionalidad y articulación horizontal y vertical de los actores.Paralelo a este proceso, el país vive una alta inestabilidad económica y política, que desemboca en la crisis financiero y posterior dolarización de la economía, sucediéndose siete presidentes en nueve años.Sin embargo, en este contexto poco favorable, el país ha avanzado en la formulación y aprobación del la Ley de la Juventud, la misma que busca legislar a favor del grupo etareo comprendido entre los 18 y 29 años (2001). También se ha avanzado en la construcción de indicadores de juventud, lográndose integrar el SIJOVEN, en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales (2006). La ley prevé la construcción de una nueva institucionalidad nacional y local para su ejecución, así como un incremento en la asignación presupuestaria; pero no existe la institucionalidad que garantice su cumplimiento.En este contexto, los procesos en marcha de transferencia de competencias hacia el nivel intermedio de gobierno, es una oportunidad para construir una nueva institucionalidad que permita la articulación de los actores, y la generación de nuevos espacios de participación, que viabilicen la formulación y ejecución de políticas de juventud. En el caso específico del nivel intermedio de gobierno, se lo plantea como un espacio de cercanía a los jóvenes que puede propiciar su inclusión, en temas de su interés: inserción en el mercado de trabajo, participación en grupos de voluntariado, lucha a favor de temas ambientales, entre otros.

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