La cuestión de la política social no sólo afecta a la vida de los ciudadanos de una sociedad, como a la distribución de los recursos materiales de esa sociedad. Podríamos pensar entonces en que esta política "atendería el diseño y la ejecución programada y estructurada de todas aquellas iniciativas adoptadas para atender una serie de necesidades consideradas básicas para la población" (R. Montoro Romero, 1999).Según los contenidos de la política social estarían comprometidas las agencias público-estatales de manera fundamental, como así también, y cada vez más, las agencias privadas con o sin fines de lucro, en ese mix que Habermas definió como la nueva esfera pública (Habermas, 1981). La Política Social proyecta, idea, propone y diseña acciones, planifica objetivos y organiza medios y recursos. Si bien la Política Social influye en la calidad de vida, son los servicios sociales lo que cumplen el papel de formar parte del universo cotidiano de los individuos. La articulación de una política de protección social no es sino el reflejo de un compromiso político-social entre las fuerzas actuantes en el mercado y las instancias políticas de la sociedad. Su base se encuentra en la forma del Estado de Bienestar, como respuesta a la creciente necesidad de regulación de las relaciones sociales y económicas, cada vez más complejas, y a la agudización de los conflictos entre las clases en el capitalismo avanzado. Desde esta perspectiva, las políticas estatales de bienestar social tienen una finalidad esencialmente integradora de los conflictos sociales emergentes en el capitalismo desarrollado. La crisis del Estado de bienestar y la implantación de políticas económicas neoliberales sitúan, en la última década, al Sector Público argentino en un agudo proceso de transformación y en un tipo de intervención en materia de Políticas Públicas.El devenir del ajuste económico y la redefinición del rol del Estado se tradujeron en una marcada disminución del gasto público. Es así que los procesos de descentralización, privatización y desregulación redefinen la participación del Estado -en sus diferentes niveles: nacional, provincial, municipal- en áreas tales como seguridad, salud, educación, asistencia, producción y empleo. Se definen los objetivos de este trabajo alrededor del análisis de los modelos de asignación presupuestaria en el sector educación, diseñados en Argentina y del planteo de una estrategia alternativa para las universidades nacionales que tenga en cuenta los principios de equidad y eficiencia en la distribución de recursos.Realizados estos planteos, cuando se considera el financiamiento de las universidades, hay una doble perspectiva, la de institución y el gobierno y la de las diversas unidades del interior de la institución. Las estrategias de gestión financiera en las universidades dependen en gran medida de las políticas y directrices del gobierno. Pero la elaboración de planes financieros y presupuestarios, para las universidades como un todos y para cada unidad constituyen una herramienta central de gestión pública.

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