El presente documento sitúa el proceso de formación de directivos públicos en Chile como parte del proceso más amplio de redescubrimiento del rol del Estado y las instituciones como elementos claves para sostener el desarrollo de la democracia y los mercados, así como la integración social.El texto describe sintéticamente el proceso de modernización del Estado en Chile. Se señala que las reformas en este campo tienen un origen marcadamente económico y que se confunde con la necesidad de hacerse cargo de una deuda pública elevada y fuera de control. Se afirma que sólo durante la segunda década de los noventa se desarrolla un plan estratégico formal de modernización que corresponde a lo que se ha denominado como reforma gerencial. Sin embargo, este proceso mantendrá como marginales aspectos claves en el campo de los recursos humanos y las competencias directivas. La modernización del Estado es definida como una de las siete reformas que emprenderá el tercer gobierno democrático durante el sexenio 2000-2005. Sin embargo, los incentivos presentes en la arena política relegarán esta tarea a un segundo plano. Es ese el contexto en el que se lanza el programa nacional de certificación de programas de formación de directivos públicos.Se argumenta que el programa se basó en la lógica de colaboración público-privada que caracterizó algunas de las principales modernizaciones del país, así como se insertó en el marco de una participación creciente de las universidades privadas en la provisión de servicios educativos. Por otro lado, se explicitan la debilidad de los incentivos existentes para que los propios directivos o los aspirantes a tales inviertan en formación permanente o en educación de post grado. En particular, se establece que el alto costo de los programas, unido a la desconexión entre éstos y los mecanismos de selección, ingreso y ascenso en la función pública, generan un escenario en el cual el beneficio social de invertir en programas como los descritos es sustantivamente mayor al beneficio privado de éstos. Por esta razón, se señala como correcta la definición gubernamental de impulsar estos programas no sólo a partir del establecimiento de mecanismos de certificación de calidad, sino además a través de financiamiento público capaz de alinear beneficio social y beneficio privado para producir este servicio en cantidad y calidad óptima.Finalmente, el documento propone algunos elementos para evaluar el avance del sistema de certificación de programas de formación para directivos públicos. Se señala, entre otros aspectos, que la falta de financiamiento público ha sido un elemento crucial para explicar la desalineación entre oferta de programas y demanda por estos. Se sostiene además que la ausencia de una plataforma académica profunda, enfocada en materias de gobernabilidad y gestión pública, es uno de los principales obstáculos que enfrenta la modernización del Estado para hacerse sostenible en el tiempo.

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