El parlamento se muestra como una institución representativa que, paradójicamente, no expresa con frecuencia una verdadera apertura hacia los ciudadanos, lo que resulta una contradicción y en buena cuenta explica su crisis generalizada.El principio de no sujeción a mandato imperativo refuerza la tendencia a impedir que el Parlamento sea fiscalizado por quienes eligieron a sus miembros con la esperanza de un cambio o la promoción de políticas públicas orientadas a solucionar sus problemas.Si bien aun se verifica esta clásica resistencia del parlamento al escrutinio social, por otro lado es notorio que el parlamentario de hoy empieza a entender que para mantenerse con buen pié en el escenario político actual debe desarrollar algún tipo de mecanismo que lo acerque a los electores o ciudadanos. Como éstos saben, ahora más que antes, que los parlamentarios entienden que pueden ser evaluados y necesitan que el pueblo sienta que actúan en su beneficio.Desde la denominada sociedad civil se han promovido eficaces métodos de presión sobre el parlamento y sus miembros que, sin contar con las actividades de los «lobistas» -que ubicamos en otra categoría-, van desde el simple seguimiento y la publicidad de los actos y las decisiones de los parlamentarios, hasta la organización de campañas públicas y mediáticas de gran envergadura, capaces de cambiar el resultado del debate parlamentario.En este proceso se ha evidenciado que los actores sociales que presionan sobre el parlamento vienen tomando conciencia de que su actuación no puede llegar al extremo de amenazar con anular las asambleas representativas, por lo que ha surgido la necesidad de que la vigilancia social sobre el parlamento y los parlamentarios sea una actividad informada y eficaz. No sólo se trata de «transparentar» el parlamento para provocar la crítica y alimentar la noticia de primera plana con miras a reorientar una decisión, sino de acercarse a la institución, trabajar con ella y contribuir a orientar sus acciones, y sólo en casos extremos utilizar recursos como las grandes movilizaciones públicas contra decisiones en ciernes que impliquen aumentar la brecha de separación entre representantes y representados.La nueva tendencia en materia de participación ciudadana implica, entonces, observar varios requisitos en busca de la eficacia: Metas claras, organización, conocimiento o preparación, búsqueda de cooperación y confianza mutua y compromiso. Todo este conjunto de elementos nutre un nuevo concepto: auditoría social.

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