El IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas ha confirmado la importancia que tiene la acreditación y certificación de la formación recibida por los empleados públicos. Tal circunstancia consolida el sistema de formación continua, sitúa los aprendizajes en la perspectiva del desarrollo de las cualificaciones, da garantías a los trabajadores de las Administraciones Públicas y aporta a éstas la seguridad de la calidad de los procesos formativos.La acreditación de la formación continua es básica para el sistema de formación profesional, sobre todo por la pluralidad de canales formativos y agentes implicados en el mismo. Ello exige tener unos mecanismos claros y transparentes de acreditación de la formación y reconocimiento de la calidad del proceso formativo. Se trata de construir un sistema de indicadores que aseguren la calidad de la formación y del proceso de aprendizaje (contenidos, formadores, métodos, materiales, recursos, etc.) y determinar cuales son los diferentes tipos de certificación a incorporar en el sistema formativo según su modalidad (asistencia, aprovechamiento, a distancia, etc.) Todo ello contribuye a valorar la formación continua como un elemento clave para el desarrollo profesional de los empleados públicos y relacionarla con los cambios de las corporaciones públicas para adaptarse a las transformaciones de las sociedades complejas.Se plantean en el documento los criterios que se deben definir en cualquier modelo que avance en la línea de la certificación de la formación como una herramienta integrada en un sistema de Recursos Humanos de una Administración Pública, partiendo de la base de la experiencia actual de la Administración Local en España.Esta experiencia enmarcada en los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas, refleja la dificultad de homogeneizar cualquier acción cuando en la misma están implicados multitud de agentes con autonomía propia en el aspecto de la gestión de los Recursos Humanos y las vías de acercamiento a través de medidas indirectas que generen bancos de buenas prácticas que se puedan adoptar sin generar traumas competenciales internos entre administraciones.En el caso particular de la formación continua en la Administración Local española se integran multitud agentes con competencias e incidencia territorial diversa y con un campo de actuación común que sólo funciona gracias al consenso de los representantes de los mismos. Este consenso plasmado en los Acuerdos de Formación y regido por una comisión paritaria que incorporar a los agentes sociales, es el canal para generar cultura y criterio que dirige las actuaciones a realizar.La experiencia que en estos momentos se está incorporando como núcleo de debate central de los gestores de formación de la Administración Pública en España se incorpora dentro de las medidas de movilidad laboral y de transparencia de las cualificaciones establecidos por la Unión Europea y dentro de los objetivos de desarrollar un catalogo de cualificaciones profesionales, tarea asumida por el Instituto Nacional de las Cualificaciones en España.

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