El final del siglo XX encuentra a los países en vías de desarrollo con problemas tradicionales aunque con sociedades más grandes y más complejas. En términos de información esta complejidad creciente de las relaciones entre la sociedad, el Estado y sus gobiernos se refleja en un crecimiento no previsto de los niveles de incertidumbre que demarcan el escenario de decisión de los gobernantes. Los políticos responsables de gestionar los aparatos Estatales padecen de forma cotidiana y contundente el desplazamiento paulatino del determinismo asociado tradicionalmente a la acción de gobierno por un marco creciente de incertidumbre en el cual se desenvuelven los resultados producto de sus decisiones.La presencia persistente y amplificada de la incertidumbre en la acción de gobierno estigmatiza el planeamiento estratégico y la acción, imponiendo la necesidad de recurrir ineludiblemente a las TI tanto en el diseño como en la implementación. Las TI dentro de la burocracia pública se asociaron de forma tradicional a los sistemas administrativos de registro que alimentaron el conteo de agregados previsto en lo general en la ciencia económica y en lo específico en la teoría de administración.En términos estilizados, desde los años '70 en adelante, el proceso de informatización cobró un ritmo vertiginoso irradiando no sólo sus prácticas e innovaciones hacia la esfera de lo público en todos sus niveles, sino también incorporando su impronta a los procesos de trabajo en el ámbito de la burocracia pública. La función tradicional del Estado en cuanto a dar contenido escrito y transcrito dentro de un sistema de memoria registral -burocracia- de la relaciones simbólicas y reales de la Sociedad, encontró en la informatización una herramienta capaz de simplificar hasta límites insospechados la tarea del registro, pero también de comprometer la justificación primera de la propia burocracia toda vez que la automatización del contenido del lenguaje funcional del Estado implica en el límite de las cantidades, el reemplazo de las propia funciones.En este marco, una clave importante sobre la que descansará el éxito en el manejo de la organización pública en los próximos lustros, estará dado por el énfasis y aliento que los Gobiernos asignen al proceso de mutación de los sistemas administrativos de objetivo único característicos de la burocracia pública tradicional, hacia sistemas de información de objetivos múltiples que otorguen soporte efectivo a la toma de decisiones en el ámbito del Sector Público.La discusión acerca de cómo llevar adelante este cambio de los sistemas trasciende la visión parcial y restringida de cada uno de ellos, ubicándose en un plano separado de cada solución específica, pero vinculado por dimensiones comunes. Para percibir, caracterizar y prospectar las capacidades de los sistemas de registro, así como las correcciones y mejoras, se propone un abordaje fundado en la utilización de un modelo de análisis que permita integrar en pocas categorías los rasgos comunes a los sistemas de información y registro. La integración analítica facilita el diseño e implementación de estrategias de acción que permitan mejorar los propios sistemas de forma consistente con sus especificidades y particularidades, a la vez de poder reevaluar la situación corregida con el fin de dar inicio a una nueva etapa de mejora.El modelo analítico propuesto es de alcance general y descansa sobre tres dimensiones: robustez, restricciones y soluciones. En este sentido los sistemas se intentan definir a través de atributos que sean independientes de su propia utilidad y lo suficientemente amplios y flexibles como para abordar toda la gama de situaciones en que se encuentran insertos cada una de las instancias de registro, organización y explotación de datos.De forma complementaria a las relaciones y conclusiones deducidas del modelo analítico, toda propuesta de profundización de las TI en el ámbito del Estado deberá contribuir a revertir los siguientes rasgos negativos: a) la existencia de información en cantidad y calidad suficiente, pero que sin embargo no es explotada en toda su potencialidad; b) la existencia de demandas de información sobre los sistemas de registro de la producción y gasto estatal que no son satisfechas de forma adecuada; y c) la falta de vinculación entre los distintos sistemas y su idea asociada de que su relacionamiento tiene como condición necesaria efectuar grandes inversiones en tecnología y consultoría.

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