Se rescata el enfoque de la meritocracia como control del poder político y contrasta dicha pretensión del paradigma burocrático con los obstáculos que los sistemas políticos latinoamericanos presentan para su despliegue positivo. Particularmente, ubica la problemática de las instituciones administrativas en el marco de la crisis de representatividad que ha transformado la naturaleza de los partidos políticos y limitado su posibilidad de promover cuadros burocráticos a la gestión del Estado. Por otra parte traza el perfil de la burocracia tanto como actor político diferenciado como en la gestión concreta de las políticas públicas. Para ello, define la imagen de los "directivos públicos", altos funcionarios de distinto origen cuya capacidad de controlar el poder se ve limitada por cuestiones estructurales y culturales; y también la imagen de los burócratas del nivel operativo restringidos en su posibilidad de relacionar positivamente al Estado con el ciudadano debido a las discontinuidades del sistema político.

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