Programa Ciudadanos por la Justicia

La Fundación Poder Ciudadano decidió, en 1998, comenzar el monitoreo cívico al Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina. El monitoreo apunta a mantener una mirada atenta sobre el funcionamiento de las instituciones por parte de la ciudadanía, para disminuir la discrecionalidad de los funcionarios y formar en la opinión pública un diagnóstico más cercano a la realidad institucional. Está diseñado para mejorar la calidad institucional del sistema de justicia a través de la participación y el control cívico de los organismos públicos. Se lleva adelante, gracias a la participación activa y voluntaria de ciudadanos capacitados y organizados en grupos. A lo largo del desarrollo de un monitoreo, se requiere la elaboración de un diagnóstico de fortalezas y debilidades de la institución, que marque el rumbo de las acciones que van a ser implementadas por los ciudadanos. Busca incidir en la definición de políticas públicas en un área tan sensible para la democracia como lo es la administración de justicia. Los casos en donde se han desarrollado estas experiencias han tenido excelentes resultados en cuanto a la incidencia de la sociedad civil en la mejora de la calidad democrática de los Consejos. El monitoreo es un sistema de acciones coordinadas que, en el caso del Consejo de la Magistratura, pone en juego las siguientes herramientas: acceso sistemático a la información; relevamiento y análisis de normas; acciones para lograr la publicidad del funcionamiento de los Consejos; bancos de datos; iniciativas ciudadanas; acción colectiva presencial; informes de debilidades y fortalezas; acciones de prensa y campañas públicas; seguimiento de leyes; acción colectiva sobre los procesos de selección y remoción de magistrados; audiencias públicas. El trabajo presenta: Por qué un monitoreo cívico del Consejo de la Magistratura. Cómo es el programa. Para qué hacemos el monitoreo. Herramientas del monitoreo. Estrategia de prensa. Experiencias en la Argentina. Proyectos con la Región Andina. En anexos incluye: 1) Planilla del banco de datos. 2) Reglamento de audiencias públicas. 3) Procedimiento para la remoción de consejeros.

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