El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre las repercusiones que la dimensión global de las políticas de cooperación, y sus sistemas de evaluación, tienen sobre los Gobiernos modernos y que condiciona sus formas de gobernanza y gobernabilidad.La necesidad de buscar el alineamiento con otros donantes, la armonización de criterios de gestión y la apropiación de las estrategias de crecimiento por parte de los países receptores de la ayuda, atendiendo así a la necesidad de cumplir con las directrices de los organismos internacionales en cuanto a la sostenibilidad y permanencia de los proyectos, ha fomentado la investigación y desarrollo de la práctica de la evaluación de políticas públicas, entendida como un proceso que analiza la teoría del cambio que está subyacente en los proyectos de cooperación. Es decir, se ha superado el enfoque basado en el análisis de los resultados, para aplicar una aproximación integral, holística y participativa, acorde con la dimensión global que debe adquirir el diseño de las políticas de cooperación.Hasta el momento, el sistema de cooperación no ha logrado consolidar una estrategia positiva en términos de eficacia, calidad de la ayuda y distribución de recursos para la erradicación de la pobreza y el subdesarrollo, problemas que, sin embargo, no solo siguen subsistiendo sino que cada vez se manifiestan de forma más violenta y compleja en todo el planeta.Desde mediados de los ochenta, han surgido en todo el contexto internacional organismos cuya misión ha sido la de promover la evaluación de programas y proyectos para mejorar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. No obstante, se pueden diferenciar según los criterios que definen su forma de operar y razón de su existencia.Los esfuerzos de estos organismos internacionales se han centrado en armonizar y homogeneizar la distinta terminología y enfoques de evaluación a través de la elaboración de criterios de evaluación, términos de referencia y glosarios de términos para facilitar la comunicación y el entendimiento entre la comunidad evaluadora.Pero aún queda mucho camino que recorrer, sobre todo si se consideran los diferentes ritmos de consolidación de la práctica evaluativa. La institucionalización de la evaluación implica la participación de una multiplicidad de instituciones, gestores y beneficiarios y, la articulación de las distintas instituciones públicas que confluyen en la ejecución y gestión de programas se configura como un sistema multinivel de gobierno que añade complejidad al proceso de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las actuaciones públicas, y más aún en las de cooperación para el desarrollo.Aunque la posibilidad de inculcar la evaluación en la gestión de lo público es una pretensión de gran calado y relevancia, no deberíamos dejar de ser ambiciosos. Estamos ante una "idea fuerza" que va mucho más allá de la simple aunque necesaria modernización de las Administraciones Públicas para la implementación, en este caso, de una mejor, más transparente y legítima política de cooperación para el desarrollo.

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