Las tendencias mundiales de fortalecimiento y consolidación democrática de inicios de los años noventa, contemplan como uno de sus objetivos estratégicos una mayor y más amplia participación del órgano legislativo y de la sociedad civil en el quehacer público de las naciones. Consecuentemente, el proceso de fortalecimiento institucional del órgano legislativo, presupone que los parlamentos determinen su necesidad de adoptar planes o programas de modernización dirigidos al establecimiento de nuevas pautas o lineamientos con la intención de redefinir sus estructuras y procedimientos internos. Lo anterior con el fin primordial de cumplir de manera eficaz sus funciones legislativas, principalmente en lo referente al proceso de elaboración de la ley y a su función de representación.Ante esta situación, el Estado salvadoreño con el anhelo de fortalecer sus instituciones democráticas, ha establecido políticas dirigidas al desarrollo de dichos planes o programas de modernización. Es así como en la Asamblea Legislativa de El Salvador surge la idea de crear un plan de modernización que reflejara las necesidades existentes del órgano legislativo y que permita canalizar efectivamente los esfuerzos de fortalecimiento y consolidación de la democracia en El Salvador de forma progresiva, integral, permanente y de largo alcance.La modernización legislativa en El Salvador otorga prioridad a la participación ciudadana a raíz de una evidente ausencia de atención ciudadana especializada y debidamente articulada, aspecto que ha sido objeto de estudio desde hace más de cinco años. Muestra de esto es que los diagnósticos de las necesidades de la Asamblea Legislativa que llevó a cabo el Comité Técnico de Modernización con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el año 1997 y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 1999 pusieron en evidencia esta debilidad institucional.Estos diagnósticos produjeron el diseño de los programas de apoyo a la modernización que hoy se encuentran en ejecución bajo la asistencia de la Universidad de Texas en Austin, USAID y el BID. Como consecuencia, estos programas contemplan entre sus principales objetivos justamente la cooperación y apoyo para el desarrollo de proyectos para solventar la debilidad en la atención ciudadana y mejorar la canalización de las solicitudes que realiza la población ante la Asamblea Legislativa. Para el logro de este desafío, las autoridades legislativas tienen la firme convicción de que se debe implementar paralelamente un urgente fortalecimiento en las áreas legislativa, administrativa e informática para, de esta manera, garantizarle a la población una eficaz e institucional respuesta en la gestión de sus demandas y promover así su participación en el quehacer legislativo.Una vez identificado el propósito fundamental de la modernización legislativa, se torna indispensable el establecimiento de políticas y estrategias dirigidas a incrementar la participación de la población en el proceso legislativo; la apertura de una unidad de gestión en la Asamblea Legislativa al servicio de la ciudadanía que contemple programas específicos de educación cívica, realización de foros de consulta ciudadana y asistencia a las oficinas departamentales; la promoción de una mayor participación sistemática de la población de otros departamentos en el proceso legislativo; la promoción una mayor participación de la comunidad académica en el análisis legislativo y el inicio integral del fortalecimiento administrativo.Cabe destacar que la Asamblea Legislativa se encuentra actualmente impulsado uno de los proyectos más novedoso en Latinoamérica, el cual consiste en la creación de una Oficina de Atención Ciudadana. Esta oficina, por medio de una plataforma de servicios legislativos, brindará atención personalizada, pondrá a disposición sistemas de consulta digital y atenderá consultas de la población vía telefónica gratuitamente. Todos estos esfuerzos siempre dirigidos al fomento de valores y de una cultura democrática participativa en El Salvador.

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