Las últimas décadas han sido testigo de un cambio radical en el rol del Estado, en el ámbito económico y social. El Estado intervencionista, productor y promotor, ha dado paso a un Estado regulador, que abre espacio a la acción privada, en ámbitos antes reservados a su propia gestión. Paralelamente, se ha efectuado una revisión de los atributos individuales en la gestión económica, en términos de amparar la actividad privada de la discrecionalidad y la eventual arbitrariedad del Estado.Esta nueva relación Estado-individuo importa una alteración fundamental de los paradigmas del constitucionalismo económico, abriendo un campo creciente a un derecho de la libertad. La jurisprudencia reciente cuestiona temas como los límites de la acción regulatoria de la administración, la garantía de la propiedad privada, frente a los desafíos de la actividad estatal en materia de planificación, protección ambiental, entre otros.Interesa analizar, y es el propósito de la ponencia, los nuevos desarrollos jurídicos en materia de garantías económicas, en cuanto representan mecanismos de control a la acción estatal.

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