La preocupación creciente de los gobiernos por incorporar los valores de integridad, transparencia y rendición de cuentas obedece a la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en el sistema político. También son elementos clave para lograr una administración pública que pretenda superar las críticas a su comportamiento burocrático, patrimonialista, despilfarrador e ineficaz, que con mayor o menor fundamento se le atribuyen.Estos valores se traducen en una infraestructura ética del Estado que le permitirá que los funcionarios pongan el interés público por encima de sus intereses particulares. La transparencia es un valor ético que compromete a las instituciones públicas con las reglas del buen gobierno, el cual articula los valores de honradez, responsabilidad, visibilidad y eficacia.La ética persigue incorporar un subtratum moral a la administración pública, que imponga al sector público una actuación condicionada por una moral pública, una moral con trascendencia social que se constituya en un compromiso ético que gire alrededor de la transparencia, con una concepción holística que comprometa al conjunto de los actores sociales, basada en la buena gobernanza.En ese mismo sentido, hay un amplio reconocimiento de que los cambios fundamentales y duraderos en las actitudes y prácticas, que permiten acceder a una transparencia más significativa y afianzar los logros democráticos, sólo se puede lograr con la contribución del triángulo de fuerzas de la sociedad: Estado, sector privado y sociedad civil.En ese contexto, la transparencia como herramienta administrativa es estratégica para el ejercicio compartido del gobierno, posibilitando conocer y vigilar lo que sucede en cada uno de los tres sectores sociales, lo cual facilita la toma de decisiones y la coordinación de programas para la negociación y concertación del interés público.Los conocimientos filosóficos sobre ética y la teoría de los valores son indispensables para fundamentar la deontología de las profesiones y como escala de valores que orienta el diseño y la finalidad y estrategia de los proyectos y su planeación. No obstante, en la práctica los principios éticos no cambian el comportamiento ni la cultura; la ley y la normatividad por lo menos pueden obligar a actuar de acuerdo al interés general. Como no todo puede estar normado formalmente, el compromiso ético con la transparencia, como regla no escrita, debe estar presente en la actuación de los actores sociales.Finalmente se describe la normatividad sobre transparencia y ética en México y los principales retos que enfrenta lograr una transparencia exigible tanto al gobierno, como al sector privado ya la sociedad civil.

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