Desde que el hombre se organiza en la antigua polis se ha preguntado de lo que debemos ser y cuál es nuestra obligación moral, la conducta de la vida tanto individual como social, y los valores éticos de la política y de la administración.Siguiendo ese hilo conductor, la administración de los negocios públicos se concibió en nuestro tiempo -antes del concepto gerencialista- como ciencia política de medios, de "buen" gobierno de la Administración Pública, cuyo substratum es ético, cultural, económico, y jurídico.En el siglo XXI las prioridades de los gobiernos y de las organizaciones mundiales y multilaterales se dirigen a fortalecer las medidas en materia de ÉTICA y TRANSPARENCIA: Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno. En sus documentos han declarado que las metas del desarrollo y la recuperación de la confianza de los ciudadanos dependen significativamente de la ética pública.Son necesarios una "infraestructura ética", un sistema político y administrativo que sea transparente y asegure el derecho a la información, además de cambios políticos y en las conductas sociales y por parte del sector privado, para que el formalismo burocrático no impida la congruencia entre el comportamiento cotidiano y la norma moral.En México, la preocupación por el comportamiento ético de los servidores públicos ha sido un valor-objetivo declarado permanentemente por los gobiernos. En la actualidad la Secretaría de la Función Pública asume las tareas de control y promoción de la ética, además de "formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere".Otras instituciones en esta materia son: la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002) y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (2002), junto con una serie de medidas complementarias para la ética y transparencia, tales como premios, códigos de ética y de conducta, indicadores de transparencia, entre otros.A pesar del arsenal de instituciones y de medidas dirigidas a dar transparencia al gobierno y contar con servidores públicos con alto sentido ético, la evolución en los últimos años de los Índices de Percepción de la Corrupción en México reflejan resultados no satisfactorios.Existen condicionantes sociales y políticos que impiden un mejor desempeño ético y de transparencia. El desarrollo de instituciones en esas materias es básico, pero no suficiente, como parte de la infraestructura necesaria para lograr internalizar valores que conduzcan a comportamientos políticos, sociales y administrativos, que coadyuven a consolidar la democracia.

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