En 1983, fue aprobada una reforma al Artículo 115 de la Constitución Federal del Estado Mexicano, el cual regula las atribuciones y responsabilidades de los gobiernos municipales. Hasta entonces olvidados, debido a un esquema de relaciones intergubernamentales altamente jerárquico y centralizado, los gobiernos locales mexicanos se vieron enfrentados de la noche a la mañana a la responsabilidad de formular, aprobar y administrar sus planes de desarrollo. De manera simultánea, en la década de los 1980s, con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se crea un nuevo esquema para la distribución de recursos financieros entre los tres ámbitos de gobierno de la federación.El presente trabajo analiza la forma en que los arreglos fiscales intergubernamentales influyen de manera directa en la capacidad de los municipios mexicanos para llevar a cabo su tarea de promoción del desarrollo. El principal argumento es que el diseño de esos arreglos, lejos de fortalecer al ámbito municipal, lo hace más dependiente aún de las decisiones y recursos del gobierno federal. Con ello, la idea de que sea el propio municipio quien promueva su desarrollo, representa poco más que una mera aspiración que, salvo en casos muy específicos, no tiene grandes posibilidades de convertirse en realidad.

Español