La Constitución Política de 1917 consagró una forma de gobierno federal en México, pero no dotó a estados y municipios ni de las facultades, ni de los recursos financieros para que dicho sistema pudiera crearse y consolidarse en la práctica. Por otra parte, la lógica del sistema político condenó a los gobiernos subnacionales a mantener una relación de subordinación política y financiera ante el gobierno federal. La hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en todos los ámbitos de gobierno garantizó durante más de medio siglo la permanencia de un modelo de relaciones intergubernamentales en el que el gobierno federal era el actor principal en la toma de decisiones. Durante esta larga fase, estados y municipios se limitaban a aceptar y llevar a cabo las políticas definidas por la elite priísta.A mediados de la década de los ochenta, en el marco del proceso de reforma del Estado, factores económicos, políticos, y sociales estimularon un cambio; el cual fue creciendo sostenidamente en el ámbito de los gobiernos subnacionales. Esta transformación se materializó en el acceso de los partidos de oposición a espacios de poder. Primero fueron los ayuntamientos y después los gobiernos estatales, hasta que dicho proceso alcanzó la esfera federal infiltrándose primero en la Cámara de Diputados, y después en el poder Ejecutivo.Como consecuencia de estas transformaciones políticas, la dinámica de las relaciones entre los tres ámbitos de gobierno que coexisten en el Estado mexicano ha experimentado cambios sustanciales. México presenta una nueva geografía del poder, y gracias a ello, los gobiernos subnacionales se esfuerzan por tener un papel más activo en la toma de decisiones de las políticas que inciden en sus respectivos ámbitos. En este contexto, la coordinación entre la federación, estados y municipios se ha vuelto no sólo deseable, sino necesaria para que los diferentes actores políticos alcancen acuerdos para llevar a cabo una mejor gestión que legitime su ejercicio del poder ante la sociedad.La coordinación intergubernamental se ha vuelto pues la expresión institucional de los nuevos arreglos del poder y una arena importante de negociación política. Sin embargo, estados y municipios deben realizar esta importante tarea en un marco institucional diseñado para un modelo de relaciones intergubernamentales en el cual no contaban con voz ni voto.La ponencia analiza la nueva relación que existe entre la federación, los estados y los municipios mexicanos; evaluando en qué medida los dos últimos se han fortalecido ante el gobierno federal. Asimismo, estudia las acciones emprendidas por los gobiernos subnacionales con el fin de institucionalizar su nueva relación con la federación, y define algunos de los obstáculos que aún existen para consolidar un modelo de relaciones intergubernamentales más acorde con un esquema federal.

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