Funda la propuesta en los conceptos de Democracia y la soberanía que reside en la ciudadanía la cual tiene expresión sólo a través de mecanismos jurídicos establecidos, sufragio y elección de representantes, la necesidad de extender la participación ciudadana a diferentes ámbitos (salud, vivienda, educación) es una demanda que ha tenido un desarrollo creciente que hoy abarca temas más amplios como etnia, género y otros, lo cual diversifica la necesidad de participación generando conflictos con la tendencia a seguir creando, diseñando y tomando decisiones a partir de grupos técnicos sectoriales que muchas veces se alejan de las verdaderas necesidades, distorsionando el fin último de la función pública.En el caso de MOP, es verificable una asimetría entre la participación ciudadana y la de la empresa privada, habiendo alcanzado esta última importantes espacios en el ámbito de la función de infraestructura a través de la concesión de obras, en cambio la ciudadanía no ha tenido espacios similares en términos de la toma de decisiones, lo cual reduce la satisfacción adecuada de las necesidades públicas, para cubrir inicialmente este déficit, se dictó un instructivo presidencial que el Ministerio de Obras Públicas concretó con la definición de un espacio de participación sistematizado a través de un manual.El MOP ha establecido el Manual de Participación Ciudadana en proyectos de infraestructura, que constituye un compendio con una metodología establecida para fijar espacios de par6ticipación que orienten la ejecución de proyectos con propuestas ciudadanas que se canalizan a través de diferentes instancias.Esta guía metodológica permite participar a la ciudadanía en las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto de infraestructura pública, orientándolos en Aquellas áreas que presentan mayores niveles de sensibilidad y/o conflictividad, aportando para la facilitación de un a resolución colaborativa de conflictos y la facilitación de espacios de conversación y liderazgo institucional.Se analizan los resultados en una muestra selectiva de proyectos ejecutados con participación ciudadana, verificándose resultados positivos. Esta evaluación permite proyectar la necesidad de una ley de Participación y la réplica de estas experiencias en el ámbito de la Administración centralizada y descentralizada.

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