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Metaevaluación de programas sociales desarrollados por el gobierno mexicano

Por: Cardozo Brum, Myriam IrmaColaborador(es): CLAD | Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 9 MadridDetalles de publicación: México Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco. Departamento de Política y Cultura 2004Descripción: 30 pTema(s): CONGRESO CLAD 9-2004 | EVALUACION DE PROGRAMAS | PROGRAMAS SOCIALES | MEXICOOtra clasificación: INAP-AR:CD 45 Congreso IX Resumen: Durante el año 2002 la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) desarrolló y evaluó 31 programas sociales, especialmente dirigidos a combatir la pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio. Entre ellos resalta el programa Oportunidades (continuación de PRONASOL y PROGRESA, aplicados por los dos gobiernos previos), por la magnitud de sus acciones y recursos disponibles.A partir del año 2001 el Congreso de la Unión resolvió que todos los programas que reciben recursos fiscales tienen que ser evaluados en forma anual y externa, por instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, analizando sus recursos, procesos, resultados e impactos; razón por la que, en 2002, se procedió a la aplicación de esta norma.A la fecha no se ha realizado a nivel institucional una metaevaluación de la forma en que estas evaluaciones se están aplicando: qué recursos económicos y humanos están empleando, qué procedimientos y métodos de evaluación aplican, qué papel cumplen los beneficiarios y otros actores sociales, cuál es la calidad de sus resultados, la aplicabilidad de sus recomendaciones, su apego a la solicitud de evaluación, la difusión y utilización de sus informes, etc.Con la intención de coadyuvar a llenar este hueco, la presente ponencia presenta el trabajo realizado con base en los documentos normativos, y principalmente, los 31 informes de evaluación mencionados; mismos que se complementan con la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los diversos informantes-clave relacionados con el proceso: autoridades de SEDESOL, funcionarios de las instancias operadoras de los programas, funcionarios de otras secretarías e institutos vinculados a la evaluación y rendición de cuentas, evaluadores externos, congresistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.Los resultados encontrados muestran un panorama en que los recursos institucionales (presupuestales y de información) presentan limitaciones importantes para el desarrollo de trabajos de calidad y un mercado de evaluaciones aún en formación, contando con una oferta, también restringida, de capacidades especializadas en el tema, a lo que se agregan imprecisiones y ausencias por parte de la demanda. En este contexto, y salvo pocas excepciones, se desarrollan evaluaciones con base en la aplicación de instrumentos a muestras de representatividad desconocida, se cubren parcialmente los aspectos solicitados, y se emiten pocos juicios explícitos de valoración del programa analizado. Tampoco se encontró correlación entre los recursos empleados para la realización de la evaluación y la calidad alcanzada en el trabajo desarrollado.
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Durante el año 2002 la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) desarrolló y evaluó 31 programas sociales, especialmente dirigidos a combatir la pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio. Entre ellos resalta el programa Oportunidades (continuación de PRONASOL y PROGRESA, aplicados por los dos gobiernos previos), por la magnitud de sus acciones y recursos disponibles.A partir del año 2001 el Congreso de la Unión resolvió que todos los programas que reciben recursos fiscales tienen que ser evaluados en forma anual y externa, por instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, analizando sus recursos, procesos, resultados e impactos; razón por la que, en 2002, se procedió a la aplicación de esta norma.A la fecha no se ha realizado a nivel institucional una metaevaluación de la forma en que estas evaluaciones se están aplicando: qué recursos económicos y humanos están empleando, qué procedimientos y métodos de evaluación aplican, qué papel cumplen los beneficiarios y otros actores sociales, cuál es la calidad de sus resultados, la aplicabilidad de sus recomendaciones, su apego a la solicitud de evaluación, la difusión y utilización de sus informes, etc.Con la intención de coadyuvar a llenar este hueco, la presente ponencia presenta el trabajo realizado con base en los documentos normativos, y principalmente, los 31 informes de evaluación mencionados; mismos que se complementan con la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los diversos informantes-clave relacionados con el proceso: autoridades de SEDESOL, funcionarios de las instancias operadoras de los programas, funcionarios de otras secretarías e institutos vinculados a la evaluación y rendición de cuentas, evaluadores externos, congresistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.Los resultados encontrados muestran un panorama en que los recursos institucionales (presupuestales y de información) presentan limitaciones importantes para el desarrollo de trabajos de calidad y un mercado de evaluaciones aún en formación, contando con una oferta, también restringida, de capacidades especializadas en el tema, a lo que se agregan imprecisiones y ausencias por parte de la demanda. En este contexto, y salvo pocas excepciones, se desarrollan evaluaciones con base en la aplicación de instrumentos a muestras de representatividad desconocida, se cubren parcialmente los aspectos solicitados, y se emiten pocos juicios explícitos de valoración del programa analizado. Tampoco se encontró correlación entre los recursos empleados para la realización de la evaluación y la calidad alcanzada en el trabajo desarrollado.

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