La legislación mexicana, construida en su gran mayoría en los tiempos del partido hegemónico, obstaculiza la gobernabilidad democrática -entendida ésta en su sentido restringido, como la capacidad institucional de propiciar los equilibrios y procesar los acuerdos entre los tres poderes de la unión y las tres instancias de gobierno- en la pluralidad partidista actual.Lo anterior se demuestra en el análisis de cuatro casos concretos: a) el procesamiento de tres juicios de desafuero, el del senador Ricardo Aldana, el del asambleísta René Bejarano y el del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador; b) la aprobación del presupuesto federal, particularmente el caso del presupuesto del 2005, que vetó el Ejecutivo; c) la pérdida de los derechos políticos desde el momento que se dicta el auto de formal prisión, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; y d) las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el gobierno de la ciudad.La revisión de los casos anteriores demuestra la necesidad de la reforma del Estado para adecuar la legislación vigente a la pluralidad partidista existente en los puestos de elección popular, lo cual implica el establecimiento de normas que permitan la plena expresión del actual equilibrio de poderes, expresado a partir de 1997.

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