La creación de instancias asociativas para el gobierno y gestión regional constituye un proceso de rediseño estatal dado que pretende dotar de nuevos contenidos a la acción pública (nuevas agendas regionales) y requiere de capacidades institucionales nuevas para poder ejercerlas. Como todo proceso de reforma estatal tiene implicancias políticas importantes ya que genera nuevos flujos y nuevas localizaciones del poder político. Estos nuevos escenarios posibles en los inicios de procesos de reforma producen importantes cuotas de incertidumbre que condicionan la implementación de las políticas que se propongan.Generalmente el intento por resolver estas incertidumbres se centra en la utilización (y reproducción) de viejas (y conocidas) estrategias provenientes de la institucionalidad que se pretende cambiar. En este sentido la ausencia de prácticas vinculadas a la reflexión y la acción coordinadas en torno a los problemas regionales hace dificultosa la institucionalización de nuevos modos de pensar e intervenir en el territorio.En la Provincia de Córdoba la Ley de Regionalización aprobada en diciembre de 2004 crea Regiones (delimitándolas en términos espaciales) y prevé la constitución de Comunidades Regionales para el "gobierno regional". Este instrumento formal genera una estructura de incentivos nueva para la reorganización del municipalismo cordobés. El grado de coherencia que las prácticas municipales y la política provincial adquieran en torno a la propuesta dependerá de cómo se resuelvan las incertidumbres actuales, y de la generación de condiciones institucionales nuevas que permitan modificar las estructuras de incentivos (y las certidumbres) tradicionales promoviendo nuevas formas de coordinación.En este trabajo se centra en el análisis en la articulación y coordinación política horizontal (intermunicipal) y vertical (provincia-municipios), sin desconocer que la región es un proceso de construcción política y social en la que participan otros actores sociales y económicos además de los propiamente políticos. Sin embargo, y entendiendo que el Estado asume un rol preponderante en la creación de condiciones para la gobernabilidad regional, se sostiene que de no existir estructuras estatales con capacidad para el gobierno de las regiones, para construir y poner en marcha un proyecto político para la región (en el caso de los municipios) y para las regiones (en el caso de la provincia) es difícil que la acción del sistema político contribuyan a la gobernabilidad democrática.La creación de regiones a partir de una ley provincial puede redefinir los espacios pero no puede dotarlos de acción porque esto es una habilidad, capacidad y potestad de los gobiernos locales. Para sostener este argumento se focaliza la atención en la importancia del proyecto político para la construcción de "comunidades regionales", el rol de liderazgo que la red política regional debe ejercer como así también de la contribución que el gobierno provincial hacer en el proceso.

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