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Decreto No. 955/88 : racionalización del servicio de automóviles oficiales

Por: Gussoni, Humberto A [dir.]Colaborador(es): Peppe, Sergio Lázaro | Argentina. Instituto Nacional de la Administración Pública | Mendoza [Provincia]. Gobierno | Universidad Nacional de Cuyo [Argentina] | Congreso Nacional de Administración Pública, 9 : por un Estado ético, humano y eficaz MendozaDetalles de publicación: Buenos Aires 1992Descripción: 22 pTema(s): ASPECTOS JURIDICOS | AUDITORIA | CONTROL DE GESTION | PROPUESTA | ARGENTINAOtra clasificación: INAP-AR:C.9/106 Resumen: Ponencia que tiene por objetivo poner de relieve la pertinencia de algunos conceptos básicos de la auditoría de procesos sobre aspectos relevantes de la defensa judicial del Estado Nacional, que en definitiva es la defensa del interés general comprometido judicialmente. Trata los siguientes temas: un diagnóstico de la situación; las medidas y los programas puestos en ejecución; una descripción del problema; la oportunidad para el desarrollo de un proyecto de auditoría de procesos; el efecto anticipado del proyecto; la estrategia nacional en la materia. Las recomendaciones generales se refieren a la necesidad de optimizar la función de auditoría de procesos en los juicios en los que intervenga el gobierno nacional, a través de la adecuada instrumentación de normas de control y seguimiento, capacitación y adiestramiento de los actores y el soporte de un sistema de información adecuado y que permita la informática de gestión. Las recomendaciones específicas se refieren a la ejecución de un proyecto de auditoría de procesos a fin de: 1) prevenir y detectar problemas en la gestión judicial del Estado y sus entes descentralizados, 2) poner de relieve las debilidades en los sistemas de gestión y proponer correcciones, 3) aconsejar cursos de acción en el caso de producirse observaciones, 4) asistir a los servicios jurídicos cuando fueran desbordados en sus posibilidades operativas, 5) proponer las medidas administrativas para el mejoramiento de la calidad de la gestión judicial de los servicios jurídicos, 6) desarrollar y participar en los programas de reforma de los sistemas jurídico-administrativos, y 7) desarrollar sistemas de alerta temprana y un monitoreo permanente de las causas recurrentes de litigiosidad contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados. Concluye proponiendo un conjunto de resultados de gestión que deberían alcanzarse en el ámbito de la auditoría de procesos en los juicios en los que intervenga el Estado.
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Ponencia que tiene por objetivo poner de relieve la pertinencia de algunos conceptos básicos de la auditoría de procesos sobre aspectos relevantes de la defensa judicial del Estado Nacional, que en definitiva es la defensa del interés general comprometido judicialmente. Trata los siguientes temas: un diagnóstico de la situación; las medidas y los programas puestos en ejecución; una descripción del problema; la oportunidad para el desarrollo de un proyecto de auditoría de procesos; el efecto anticipado del proyecto; la estrategia nacional en la materia. Las recomendaciones generales se refieren a la necesidad de optimizar la función de auditoría de procesos en los juicios en los que intervenga el gobierno nacional, a través de la adecuada instrumentación de normas de control y seguimiento, capacitación y adiestramiento de los actores y el soporte de un sistema de información adecuado y que permita la informática de gestión. Las recomendaciones específicas se refieren a la ejecución de un proyecto de auditoría de procesos a fin de: 1) prevenir y detectar problemas en la gestión judicial del Estado y sus entes descentralizados, 2) poner de relieve las debilidades en los sistemas de gestión y proponer correcciones, 3) aconsejar cursos de acción en el caso de producirse observaciones, 4) asistir a los servicios jurídicos cuando fueran desbordados en sus posibilidades operativas, 5) proponer las medidas administrativas para el mejoramiento de la calidad de la gestión judicial de los servicios jurídicos, 6) desarrollar y participar en los programas de reforma de los sistemas jurídico-administrativos, y 7) desarrollar sistemas de alerta temprana y un monitoreo permanente de las causas recurrentes de litigiosidad contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados. Concluye proponiendo un conjunto de resultados de gestión que deberían alcanzarse en el ámbito de la auditoría de procesos en los juicios en los que intervenga el Estado.

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