Con ocasión de la revisión de las cifras que ha representado para el patrimonio público el pago de sentencias y conciliaciones en los últimos años, se evidenció la necesidad de estructurar una política pública para enfrentar el problema del constante aumento en el número de demandas judiciales que se presentan en contra del Estado año tras año.El primer esbozo de la política se concretó mediante la expedición del documento CONPES 3250 de 2003, que planteó una estrategia de cuatro frentes: - Creación de un sistema único de información de procesos judiciales, - Implementación de nuevos modelos de gestión de defensa judicial, y - mejora de la capacidad técnica de los apoderados del estado mediante la implementación de un plan de capacitación, todo lo anterior acompañado de las reformas legales a las que hubiera lugar.Se ha avanzado con éxito en la implementación de las tres primeras estrategias, resultado de las cuales se evidenció la necesidad de ampliar el objetivo y propósito de la política de defensa judicial de la Nación, para establecer una mas amplia denominada de gestión jurídica pública, que tenga como eje no solo una mejor planificación de las estrategias procesales de defensa, sino una mejor estructuración de todos los procesos de asesoría jurídica al interior de la administración, que tuviera como referente el evitar la actuación del estado con amplio riesgo de causar daño antijurídico.El documento hace un planteamiento de la situación de la defensa litigiosa del Estado antes de la implementación de la reforma, la justificación de la misma y el recuento de las acciones y logros de su implementación, y una explicación del porqué de su reenfoque y el propósito de la misma.

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