Las propuestas de reformas al sistema de servicio civil nacional y municipal se orientan en cinco ejes fundamentales: desarrollo de un marco legal acorde con las necesidades del país y su población; revisión del marco institucional, en la cual integre elementos básicos de funcionamiento y descentralización, con apoyo técnico a las entidades del Estado; incorporan una visión de gestión humana, basada en principios de igualdad, transparencia, eficiencia, lealtad y estabilidad laboral; diseño de nuevos procesos y procedimientos en armonía con los rubros tecnológicos y de capacitación; generar cambio cultural, lo que hace necesario crear el ambiente adecuado y sistemático para lograr las modificaciones desde las personas, las instituciones y la normativa que los debe regir.Congruente con lo anterior y ante la necesidad de instituir procesos que contengan principios de igualdad, transparencia, flexibilidad y eficiencia que sirvan como guía normativa para la contratación de obras y adquisición de suministros, se propone también llenar los vacíos en la ley de contrataciones y su reglamento, así como el mejoramiento de las bases de participación de los procesos, para promover el fortalecimiento de instituciones como las juntas de cotización y licitación, dándoles responsabilidad administrativa y penal, cuando corresponda y diseñando procedimientos para el cumplimiento eficaz y tecnificado de las adquisiciones, que cuenten con sustento legal e institucional.Se pretende también trasladar al organismo legislativo, la iniciativa metodológica del inventario, análisis y cuantificación de aspectos legales de acuerdos ministeriales y gubernativos, como complemento al esfuerzo realizado por este organismo. La metodología de depuración es estándar, para que pueda ser realizada permanentemente, y es congruente con el aspecto legislativo en el Congreso y con el tema de depuración administrativa del redireccionamiento estratégico.Se hace necesario construir un nuevo Estado que permita crecer basado en la equidad, con reducción de la pobreza, que logre eficiencia en la ejecución del presupuesto y la transparencia del gasto público. Ello será posible en la medida que se geste el fortalecimiento institucional y organizacional del Estado, en particular, del organismo ejecutivo. Por tales razones y, derivado de lo indicado en los acuerdos de paz, el crecimiento institucional está exigiendo un cambio en los requerimientos y necesidades que obligan a las unidades integrantes del organismo ejecutivo, realizar procesos y procedimientos según sus intereses y necesidades superando sus insuficiencias, ineficiencias, procesos carentes de calidad y faltos de transparencia. Es necesario elaborar y proponer la emisión de normativas que den sustento legal al redireccionamiento estratégico y modernización del organismo ejecutivo ya que éstas no permiten alcanzar el cambio deseado y necesario para que el organismo ejecutivo funcione adecuadamente.

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