El Ministerio Público, como ente encargado de la persecución penal, surge como una institución gravitante en la transformación del aparato público chileno, toda vez que su creación, desde el punto de vista de la modernización del estado, está vinculada a la demanda social de contar con una administración de justicia más transparente, eficiente y cercana a la gente.En este contexto, la implementación de la institución, el diseño de su estructura organizacional, la definición de su soporte logístico y de sus recursos humanos, el desarrollo de sus procesos de trabajo y la construcción de sus relaciones con los demás actores del sistema judicial - penal, han representado una oportunidad histórica para incorporar herramientas modernas de gestión que contribuyan significativamente al mejoramiento de la función pública.Entendiendo que el proceso de reforma exige de los actores del sistema de persecución penal respuestas que estén a la altura de las demandas sociales, el Ministerio Público nace y se desarrolla con una concepción moderna del ejercicio de sus funciones, orientando su quehacer a la satisfacción de sus usuarios, equilibrando simultáneamente los esfuerzos por conseguir los objetivos institucionales y sistémicos, a partir de la utilización racional de sus recursos para la obtención del mayor beneficio social con el menor costo posible.Esta forma de entender la función pública, ha permitido orientar la gestión del Ministerio Público hacia la consecución de procesos de trabajo eficientes, utilizando para ello la flexibilidad de la carta fundamental que lo rige, como también la consideración de ciertos elementos claves para la obtención de las metas y objetivos de corto y largo plazo, como son la profesionalización y la incorporación masiva de tecnologías de información a los procesos intra e interinstitucionales.La profesionalización permite la incorporación de recursos humanos calificados en los diversas ámbitos de acción: abogados, ingenieros, arquitectos, psicólogos, administradores, estadísticos, sociólogos, asistentes sociales, cuya sinergia va dando forma a un Ministerio Público que enfrenta su gestión jurídica y administrativa, la definición de sus criterios de actuación, el diseño de sus políticas institucionales y el tratamiento del fenómeno delictual, desde una perspectiva interdisciplinaria e integradora de los diferentes puntos de vista que cada formación profesional aporta. Consecuentemente, las tecnologías de información ponen al servicio de la función pública las herramientas que el mundo moderno dispone, facilitando los procesos y dinámicas internas, agilizando las relaciones interinstitucionales y permitiendo el acceso a información cada vez más detallada, oportuna y precisa sobre la operación del sistema. El uso racional de estas tecnologías en el quehacer institucional permite -vaya paradoja- liberar recursos humanos para el desarrollo de tareas que conducen, precisamente, a la humanización de la función persecutora.

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