Para abordar la evaluación de una política pública es necesario contar con la opinión, el conocimiento y el consenso de las partes implicadas. De esta forma, la evaluación se debe entender como un proceso que favorece el diálogo y negociación y promueve la participación activa de los agentes implicados en las acciones y proyectos.La metodología que mejor se adapta al cumplimiento de estos objetivos es aquélla que, desde el acercamiento a la realidad socioeconómica de un territorio, colectivo o sector, incentiva la participación de todos los agentes implicados en la ejecución y gestión de las distintas actuaciones, así como de sus beneficiarios, ya que ofrece la oportunidad de contactar directamente con el grupo o comunidad que se estudia, obteniendo una visión más integral y pormenorizada del objeto de análisis.Los flujos de información derivados de un proceso evaluador participativo, además de satisfacer las necesidades de todos los agentes implicados, dotan a la política de transparencia, publicidad y responsabilidad, principios que legitiman la intervención pública.

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