Se pretende recuperar la experiencia del movimiento feminista como un actor que ha tenido en México un notable grado de eficacia política en materia de participación en la formulación y orientación de políticas públicas, en particular en las áreas de salud, violencia de género y delitos sexuales. Lo significativo de esta experiencia es que ha logrado articular distintas estrategias de intervención que generalmente han emergido en el ámbito extrainstitucional, pero han tenido como meta influir precisamente en diversos planos de la política institucional: orientación de las políticas públicas, formulación de instrumentos normativos, promoción de modelos de atención, reformas en la legalidad, entre otros. Sin embargo, este ha sido un actor que ha desarrollado también estrategias de intervención en el ámbito institucional haciendo uso de los instrumentos formales y de los espacios institucionalizados (Consejos, Programas, Comités, Instancias legislativas, etc.).Resulta interesante en este caso observar, pues, las modalidades de complementación entre los instrumentos institucionales y los no institucionales que instrumentan los actores para ampliar la eficacia política de sus acciones, la cuales resultan indicativas también de los alcances y limitaciones de la oferta institucional en materia de participación ciudadana.

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